Puede que la Conselleria de Sanidad no pueda colgarse la medalla antes de elecciones de haber generalizado el acceso a los servicios de rehabilitación necesarios tras sufrir un daño cerebral adquirido, por ejemplo, a causa de un ictus. El proceso que la administración abrió a finales de noviembre para contratar con la privada y poder atender a todo aquel que lo necesite acaba de paralizarse, precisamente, solo un día antes de que las mesas de contratación tuvieran que empezar a valorar las ofertas.
Así se ha notificado esta semana a las empresas interesadas en el proceso (procedentes de toda España) además, in extremis, a solo unos minutos de que el pasado lunes acabara el plazo para presentar las ofertas. Según el anuncio lanzado a los licitadores, los pliegos que rigen el contrato fueron recurridos el pasado 11 de enero por parte de una de las empresas aspirantes por lo que ahora el proceso queda paralizado hasta que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) resuelva y no hay plazo para ello.
16 millones de euros
El macrocontrato, con 16 millones de euros de presupuesto, busca externalizar el servicio en nueve departamentos concretos (Clínico, Arnau, La Fe, Requena, La Ribera, Gandia, Xàtiva, Alcoi y Marina Baixa) ante la imposibilidad de ampliar los recursos propios con los que cuenta la conselleria, escasos y desbordados.
Gracias a esta contratación con las empresas privadas se quería atender a las más de 2.700 personas que, anualmente, necesitan atención ambulatoria para recuperar movilidad o habla tras sufrir, por ejemplo, un ictus que es la vía principal de daño cerebral adquirido en el adulto.
Según reconoce la propia Conselleria de Sanidad, actualmente solo uno de cada cuatro valencianos que necesitan de esta atención la reciben, o bien a través de los pocos recursos del sistema público o siendo derivados a la privada de forma externa y sin concierto de por medio.
De hecho, además de estar favoreciendo a pocas personas y, además de una forma muy poco equitativa, Sanidad reconoce que estas derivaciones están saliendo caras «entre 4 y 7 millones dependiendo del periodo» cuando, si se contrata el servicio, se podría invertir 4 millones anuales y garantizar una red que atienda el 100 % de la demanda.
Esta contratación para suplir las carencias en atención a las personas con daño cerebral era, precisamente, de las pocas «concesiones» que la Conselleria de Sanidad se ha permitido en esta legislatura para contratar con la empresa privada.
Desde la llegada de la exconsellera Carmen Montón a la conselleria, el objetivo fue reducir lo máximo posible la colaboración público-privada, de ahí que se haya revertido el área de salud de Alzira, se esté en negociaciones para hacer lo propio con la de Dénia y se haya iniciado el proceso para recuperar también el servicio de resonancias en los hospitales públicos ahora en manos de Eresa y de la UTE Erescanner. Hay otras externalizaciones que se han mantenido „y renovado„como el contrato de las ambulancias o el del servicio ambulatorio de diálisis pero este es uno de los primeros de nuevo cuño que se hacen.
Con todo, según justifica la propia administración en los pliegos, la intención es que el contrato sea algo «temporal» ya que el Consell diseñó un plan específico de atención al daño cerebral adquirido que propone ir sumando recursos públicos ahora solo presentes en los hospitales Doctor Moliner, el hospital Militar y el de la Magdalena en Castelló.
