El Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ha admitido a trámite una querella interpuesta por el PPCV contra el presidente del consejo rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, y la directora general de la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana (SAMC), Empar Marco, en la que denuncian prevaricación por contratación "a dedo y arbitraria" en À Punt.
En concreto, los 'populares' denuncian "actuaciones arbitrarias" por parte de la CVMC y la SAMC con "adjudicaciones de contratos millonarios a empresas que no acreditan su solvencia económica, adjudicación de contratos menores que no son más que un intento de dar apariencia legal a salarios destinados a personal todavía no contratado y contratación de personal directivo obviando el procedimiento legalmente previsto".
Así lo ha explicado a los medios de comunicación el presidente del grupo popular en Les Corts, Jorge Bellver, quien ha remarcado que el PP lleva "denunciando desde el nacimiento" de la radio y televisión pública valenciana "irregularidades" tanto en la contratación mercantil como en la pública de la sociedad.
Ante esta situación, el PP ha presentado "una querella por prevaricación" que, según Bellver, ha sido admitida a trámite y se han abierto diligencias de investigación penal.
Uno de los puntos denunciados en la querella es un contrato suscrito el 28 de junio de 2017 entre la CVMC con la sociedad mercantil Mediterráneo Media Entertainment S.L, cuyo administrados único es un exedil del PSPV de Benifaió para la producción de la serie televisiva 'la Tramuntana' por 13 capítulos y por un importe total de 1,3 millones de euros.
Ese contrato, según denuncia el PP, se adjudica "directamente" a esta mercantil "sin ninguna clase de procedimiento público abierto a la concurrencia competitiva ni de publicidad en el que existiese una negociación previa sobre el precio y características del servicio, por lo que la tramitación que se le da es la propia de un contrato menor".
Asimismo, se apunta que esta empresa "no contaba con solvencia técnica ni económica suficiente para ejecutar el contrato" ya que en las cuentas anuales de esta mercantil del ejercicio anterior constaba un volumen de negocio de 4.500 euros. Pese a ello, "recibió pocos días después de la firma del contrato un pago de 409.502,43 euros sin que conste la recepción de ningún trabajo o prestación del servicio".
"Difícilmente se puede entregar ningún material audiovisual cuando se firma el contrato hoy y mañana estás adelantando 400.000 euros además a una empresa de la que es propietario un exconcejal socialista de Benifaió que en las cuentas del año anterior tenía reconocido un movimiento de 4.500 euros, cosa bastante significativa", ha apuntado el parlamentario 'popular'.
Contratos menores
Asimismo, en su querella, el PP denuncia contratos menores suscritos por la SAMC con distintas personas físicas que "encubren salarios de personal no contratado" ya que "se suscribieron contratos menores por importe de 5.995 euros cada uno de ellos con distintas personas físicas, a las que luego se contrató como personal laboral".
En este punto, Bellver ha reprobado "la utilización de contratos menores de servicios para realmente contratar personal", todos ellos "por importe de 5.995 euros", importe próximo al límite legal de 6.000 euros, para "evitar pedir tres ofertas", ha señalado.
Finalmente, se denuncia la "contratación arbitraria de personal directivo eludiendo el procedimiento legalmente previsto" mediante la contratación "a dedo" de tres personas "sin la previa realización de un proceso selectivos que garantice el cumplimiento de los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad", expone el escrito que apunta a las contrataciones del Director de Contenidos y Programación, César Martí; el director de Explotación e Ingeniería, José Manuel García Duarte y la directora de Informativos, Remei Blasco.
"Prepotencia y temeridad"
Bellver ha remarcado que "estas irregularidades han venido recogidas en su práctica totalidad en el informe de fiscalización de la Intervención" lo que conllevó que À Punt presentara hasta trece alegaciones, pero "ninguna fue aceptada por la Sindicatura, lo que motivó que el PP pidiera la comparecencia de Soriano y Marco en Les Corts pero ha lamentado que no respondieron "a ninguna de las cuestiones planteadas".
A su juicio, "esa irresponsabilidad, prepotencia y temeridad a la hora de comparecer en Les Corts es la que también han aplicado a la forma de gestionar la radio televisión pública valenciana". "Al final se comprueba que quienes hipotéticamente venían a recuperar la reputación de nuestras sociedades mercantiles públicas no están capacitados ni profesional ni éticamente para hacerlo", ha zanjado.
