Las enmiendas presentadas a las Ley del Juego, que acaba de iniciar su trámite parlamentario en las Corts Valencianes, podrían provocar el cierre de la mitad de las salas de juego de la Comunitat Valenciana según la estimación del sector. La patronal del juego privado no cree, además, que exista hoy en día un problema social de adicción ni siquiera entre los jóvenes, aunque asegura que son sensibles totalmente a esta inquietud.
El sector asegura que contribuye todos los años a las arcas públicas valencianas con 140 millones de euros, por lo que considera que un porcentaje del dinero que paga puede destinarse de forma finalista a programas de prevención de ludopatías. Según los informes que aportan de la dirección general de Ordenación del Juego, solo el 0,3% de los que juegan tienen problemas de ludopatías.
Así lo manifestaron ayer en València representantes de este sector, el director general de Cejuego, Alejandro Landaluce, y los miembros del comité ejecutivo de la patronal Pedro García, Luis Miguel Cabeza de Vaca y Carlos Duelo.
Todos ellos consideraron que la norma valenciana no está suficientemente debatida con el sector y criticaron que se puedan realizar cambios sustanciales en la ley por vía de enmiendas en asuntos como la distancia entre las salas de juego o respecto a colegios.
Además, añaden que el sector se encuentra en una situación de inseguridad absoluta porque han realizado inversiones en los últimos años que si se aprueba la ley como propone los partidos del Botànic podrían quedar en la ilegalidad. Además, en su opinión, poner dispositivos de activación en las máquinas recreativas o impedir la renovación de las máquinas de apuestas instaladas en la hostelería supondría un «duro revés» para los dos sectores y entra en contradicción con otras medidas que fomentan el juego público en estos establecimientos.
Las tragaperras, apagadas
El sector, que reclama una planificación coherente pero que garantice la seguridad jurídica de los establecimientos ya instalados, denuncia la «irracionalidad» del Consell que ahora a través de los partidos presenta enmiendas a la ley cuando hay un decreto sobre el juego en trámite.
Tal como recogen algunas de estas enmiendas, las máquinas recreativas deberían permanecer inactivas y tendría que ser el cliente quien solicite su activación al responsable del establecimiento, algo que no está vigente en ninguna otra autonomía. Asimismo, deberían incorporar un dispositivo de activación, que se debería instalar en un plazo de tres meses, algo que consideran imposible.
