Prestaban sus servicios para la empresa privada Eresa pero lo hacían «en hospitales públicos y no en centros privados». Esta distinción ha servido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para avalar que a dos radiólogas de Eresa se les reconozca en la bolsa de empleo temporal la antigüedad de los años trabajados en esta empresa privada como si fueran funcionarias públicas, equiparando el tiempo trabajado al del personal de la sanidad valenciana al haber estado presencialmente en hospitales públicos gracias a la concesión que aún está en vigor.
Así lo marca la sentencia de finales de diciembre emitida por la sección segunda de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia que estima el recurso original de dos radiólogas en el que solicitaban que se les contase el tiempo trabajado en Eresa entre los méritos en la bolsa de empleo número 12, la abierta en 2014.
Según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el tribunal entiende que el caso de estas dos radiólogas (y por extensión el de los trabajadores de Eresa y Erescanner que llevan años realizando el servicio de radiología en los hospitales valencianos) es «la excepción a la regla general». Las recurrentes «que pertenecen a una empresa en régimen de concierto (...) han prestado sus servicios en instituciones sanitarias públicas, desarrollando las mismas funciones que el personal estatutario» por lo que se les reconoce el derecho a «que se baremen los servicios prestados en los centros como adjudicatarias de la Conselleria de Sanidad».
El fallo del TSJ llega después de años de recursos de los trabajadores de estas concesiones para que se les valorase el trabajo realizado hasta ahora «dentro» de los hospitales ya que, en principio, en las bolsas de empleo temporal de la conselleria solo se computa como mérito el tiempo trabajado si se ha sido contratado directamente por la administración.
La resolución del TSJ, «que ya es firme», según aseguró ayer la letra de las dos radiólogas, Mª Carmen Benavent, abre la puerta «siempre que lo puedan demostrar» a que los más de 150 empleados de Eresa y de Inscanner que ahora trabajan en el Hospital General y en otros 16 hospitales públicos puedan hacer valer su experiencia si se apuntan a la bolsa de empleo de la conselleria para cubrir de forma temporal plazas públicas.
La subrogación, en duda
El «logro» de estas dos doctoras llega, además, en un momento delicado ya que el futuro de estos trabajadores, pese a las promesas iniciales de la Conselleria de Sanidad de ser subrogados, todavía es incierto. Los contratos por los que Eresa ofrecía el servicio de diagnóstico por imagen en el Hospital General de València y en 16 hospitales públicos a través de la UTE Erescanner Salud han acabado oficialmente pero las empresa siguen trabajando a la espera de que Sanidad concrete cuándo y cómo va a completar el proceso de reversión.
Uno de los problemas para hacerlo en tiempo y forma (el plazo se superó en noviembre) es cómo se va a gestionar el futuro de los trabajadores. En principio, iban a ser subrogados de la misma manera que los trabajadores del Hospital de Alzira pero varios informes y, en concreto, uno de finales de año de la Abogacía de la Generalitat ponían en duda incluso que hubiera sucesión de empresas y, por tanto, la necesidad de subrogar a los empleados, unos 150 en la UTE Erescanner. Desde entonces, la Conselleria de Sanidad está buscando el «marco jurídico» en el que encajar a este personal mientras no hay fecha para la reversión efectiva.
La fecha dada en un primer momento de tres meses se tuvo que alargar de forma indeterminada, aunque se espera resolver el proceso «antes del verano».
