Alta ingeniería financiera para disimular uno de los siete pecados capitales de la humanidad: la avaricia. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha reconstruido el entramado empresarial creado por un testaferro y el asesor fiscal del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, para favorecer la «Operación retorno» de las presuntas mordidas supuestamente cobradas durante su etapa como jefe del Consell (1995-2002). Las comisiones las habría pagado la familia Cotino tras resultar adjudicatarias las empresas del holding empresarial de contratos en las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) y del Plan Eólico Valenciano. En la reventa de estos negocios los Cotino habrían obtenido un beneficio de 86,5 millones. El agradecimiento por los servicios prestados sería el pago de 10,5 millones (el 12%) en mordidas que empresas de los Cotino habrían pagado a empresas interpuestas orquestadas presuntamente por Zaplana en la sombra o directamente administradas por su jefe de gabinete, Juan Francisco García. Pero los sobres ya eran entonces cosa de otra época. En el Caso Erial las supuestas mordidas se pagaban a través de sociedades interpuestas, empresas pantalla y abonando impuestos, para disimular, según se desprende del sumario del Caso Erial sobre el que se levantó ayer parcialmente el sumario.

Un miembro de control de la CAM

El cerebro de este entramado empresarial fue Francisco Grau Jornet, «abogado, asesor fiscal, economista y profesor de economía financiera y contabilidad en la Universidad de Alicante», según lo describe la UCO de la Guardia Civil. Grau Jornet fue miembro de la comisión de control de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), además del representante de la entidad bancaria en Terra Mítica (uno de los grandes proyectos auspiciados por Zaplana y sobre el que planeó la sombra de la duda de pago de mordidas). Grau Jornet, encarcelado como Zaplana durante casi 9 meses, también está procesado junto a diez investigados más por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de CAM para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe.

Francisco Grau Jornet tenía en su cabeza la teoría y la práctica, tras esta dilatada experiencia laboral y docente. Y al parecer de su cabeza salió la «ingeniería» financiera para crear el entramado de nueve empresas utilizadas para blanquear parte de los 10,5 millones. Grau Jornet es «el artífice de toda esta ingeniería» en palabras de Joaquín Barceló, el testaferro de Zaplana en esta operación, recogidas por la Guardia Civil en el sumario del Caso Erial.

Porque Grau Jornet ideaba el entramado de empresas y Joaquín Barceló Llorens las ejecutaba. Barceló es amigo de la infancia y compañero en la Peña Picarol del exministro quien lo colocó como director de relaciones institucionales de Terra Mítica, el parque temático que «inauguró» la temporada de obras faraónicas que caracterizó la presidencia de Zaplana en la Generalitat.

Según ha podido acreditar la Guardia Civil Barceló y Grau orquestaron los «movimientos societarios, constitución de empresas, cambios de titularidad... cuyo propósito finalista sería posibilitar el retorno de parte de esos fondos [evadidos al extranjero] y la puesta a disposición o bajo el control de los destinatarios finales». Una operación en la que participaron las mercantiles Costera del Glorio (creada en 1997), Medlevante (2005), Gesdesarrollos integrales (2006) y Turnis Sylvatica (2005).

De hecho, Barceló se convirtió en administrador de la empresa Costera del Glorio apenas un día después de que una mercantil de los Cotino con sede en Luxemburgo, Imison International, diera salida a 4,4 millones de euros. En 2005 Costera del Glorio constituye la mercantil Medlevante (una empresa pantalla sin trabajadores, beneficios ni actividad) y «adquiere el 42,33% de las participaciones de otra nueva mercantil de nueva constitución como Gesdesarrollos Integrales». De esta última empresa también era copropietaria Medlevante a través de otro 42,33%. «El 15,34% restante continuaría en manos de Turnis Sylvatica, una empresa constituida por la mujer de Francisco Grau Jornet, Paloma Domínguez», según la Guardia Civil.

A partir de este entramado, los investigadores detectan «tres entradas de divisas por un importe total de 2,8 millones de euros procedentes de Imison Internacional (la empresa de los Cotino) y que se ingresaron en la empresa pantalla Medlevante, que se camuflaron a efectos legales como una «ampliación de capital de Medlevante», por lo que Imison «pasa a controlar el 99,88% de las acciones de Medlevante, que había sido constituida con un capital de 3.500 euros».

Finalmente los 2,8 millones de euros transferidos por Imison a Medlevante son en realidad «utilizados por Gesdesarrollos Integrales para efectuar una serie de adquisiciones inmobiliarias en la provincia de Alicante» como varias parcelas en la Vila-Joiosa.

Porque en definitiva se trataba de sociedades que «parecen tener el propósito finalista de permitir la repatriación y uso de los fondos provenientes de Imison International, vinculados indiciariamente al pago de un soborno por parte del Grupo Sedesa [de la familia Cotino]». Una secuencia que «habría permitido desvincular -medianté operativas de ampliaciones de capital y préstamos, constitución de mercantiles y cambios de titularidad la empresa que efectúa la inversión inmobiliaria -Gesdesarrollos Integrales- del origen de los fondos -Imison International», apuntan los agentes de la UCO.

Evidencias contra el exministro

En qué fase de todo este periplo que realiza el dinero interviene el exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, está claro para los agentes. «Se ha podido evidenciar a lo largo de la investigación, más allá de la prolongada relación personal y de confianza existente entre todas las personas que habrían participado en la secuencia de hechos descrita y Eduardo Zaplana, la posible participación velada de éste [en referencia al exjefe del Consell] como beneficiario -o uno de ellos- del [dinero] originario de Imison International». La investigación a la que se ha sometido a Zaplana durante dos años también ha permitido constatar que participaba en «la administración a través de terceros de algunas de las mercantiles intervinientes -Costera del Glorio, Medlevante y Gesdesarrollos integrales- y como posible titular real de parte de los bienes

titulados por las mercantiles participantes».

Los investigadores del Caso Erial llegan a esta conclusión tras confirmar «traspasos encadenados desde la cuenta corriente de Costera del Glorio a una cuenta personal de Joaquín Barceló y, de ésta -prácticamente sin solución de continuidad, o bien a una cuenta de Eduardo Zaplana, o bien a una tercera cuenta para sufragar gastos de los que éste se estaría beneficiando. El importe de estas operativas sería de 128.531 ?», señala la Guardia Civil. La misma empresa habría entregado otros «50.000 euros en efectivo» al expresidente de la Generalitat con una «justificación contable de facturación ficticia».

Esta misma empresa también «tituló» una vivienda en la calle Núñez de Balboa de Madrid, vendida por 1.235.000 euros y en cuya venta participaron activamente el administrador de Costera del Glorio, Joaquín Barceló, la secretaria personal de Zaplana, Mitsouko Henríquez, y el propio exministro de Trabajo (a quien los agentes ven entrar un día en esta vivienda que abrió con sus propios llaves).

Dinero en Uruguay y Panamá

La trama financiera saltó el «charco» atlántico en 2014. Según refleja la agencia tributaria, la empresa originaria de los Cotino representada después por Joaquín Barceló pasó a estar participada por «dos mercantiles establecidas en Uruguay: Misnely SA y Disfey SA», relacionadas con Fernando Belhot, un abogado uruguayo que ejercería de «fideicomisario o fiduciario» de Eduardo Zaplana y de Joaquín Barceló.

Por último, también resulta de «especial interés para los investigadores» la relación entre Zaplana, Belhot, Barceló y el abogad Saturnino Suanzes (hermano de la exdiputada popular Elvira Suanzes) todos relacionados con una cuenta bancaria en la Banca Privada d'Andora (BPA), a nombre de la mercantil Plaza Fountains SA, una empresa radicada en Panamá y de la que Zaplana asegura que «me acojonó... cuando vi la página web».