La Ley del Juego está mostrando posturas opuestas entre los socios del Botànic. Ayer el grupo parlamentario de Podem solicitó a través de una enmienda que la ley que prepara el Consell obligue a las casas de apuestas guardar «una distancia mínima de 1.000 metros entre sí y en relación a centros educativos y sociales».
El grupo insiste en establecer la distancia en una ley consensuada entre los tres socios de gobierno, que mantienen opiniones encontradas sobre dónde situar a las casas de apuestas y juegos. Lo que reclama Podemos es superior a lo que pide el PSPV, para quien la distancia prudencial sería de 150 metros, mientras que Compromís abogaba por 250 metros.
La reivindicación no es nueva por parte de los morados. Criticaron también que la ley solo estableciera esta distancia para los colegios e institutos, pero Podemos ampliaba la protección a centros universitarios, sanitarios y sociales. Ayer, el diputado David Torres advirtió de que el resultado de la falta de control en la proliferación de casas de apuestas y juegos es la adicción de menores y adultos y la destrucción de muchas familias, e incidió en la necesidad de adoptar medidas contundentes.
Hace pocas semanas otro desencuentro se produjo a costa de esta ley. PSPV y Podemos presentaron una enmienda contra el artículo 2 de la ley por el que la Generalitat asumiría competencias para legislar sobre la ubicación de los locales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), reguladas únicamente por la ley de regulación de juego. Podemistas y socialistas, contra el criterio de Compromís que avalaba esta cláusula, temían que pudiera ser motivo de recurso en el Tribunal Constitucional por parte del Estado por invadir competencias.
