La Ley de Residuos y Economía Circular que impulsa Podemos vuelve a encallar en el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno. A unas horas para que concluya el plazo de presentación de enmiendas, PSPV y Compromís ultimaban ayer las propuestas alternativas a lo planteado por su socio de gobierno en un tema polémico desde su planteamiento inicial. «No vamos a cerrar la puerta al SDDR», enfatizaban desde ambas formaciones, aunque el diputado socialista Manuel Pineda abogaba «por estudios y análisis que avalen esa implantación».
Teresa García, diputada por Compromís, remitía además a la Ley estatal de 2011, que solo contempla los sistemas complementarios «cuando hay un incumplimiento de los objetivos establecidos».
Tanto Pineda como García coincidían al señalar que una vez entre en vigor esa Ley de Residuos, a los doce meses se reclamarán datos a gestores como Ecoembes o Ecovidrio sobre la trazabilidad a que obliga la normativa estatal y será en ese punto cuando se determinará si es necesario el SDDR, o no. «Hay que constatar que existe ese incumplimiento», enfatizaba García. Por lo tanto la gran exigencia de Podemos para esta legislatura quedaría aparcada hasta tener cifras que vinieran a justificar su aplicación.
PSPV y Compromís trabajan también en una Agencia Valenciana de Economía Circular, que sustituiría a la Agencia Valenciana de Residuos que contempla la Ley. Su función sería la de dar apoyo a las entidades locales y las empresas, sin solaparse con las funciones de la conselleria de Medio Ambiente. «Daría asistencia técnica, algo de lo que ahora estamos huérfanos», señala García. Entre las enmiendas en las que trabajan PSPV y Compromís está la de establecer un canon supramunicipal para poner fin al exceso de desechos que llega al vertedero y alcanzar los límites fijados a partir de 2020.
Otro de los puntos en los que se discrepa con Podemos es en el de la Obsolescencia Programada. Para PSPV y Compromís hay que promover el fin de la misma, pero sin caer en las prohibiciones que establece la Ley de Residuos. «Hay que promover, pero no prohibir», señala Pineda. Y también introducirán cambios en la apuesta decidida por ofrecer agua del grifo en bares y restaurantes por ley. «Hay que acabar con el descontrol del agua envasada en los espacios públicos, con vasos biodegrables por ejemplo, pero para el sector Horeca no puede ser obligatorio», defiende Pineda.
El SDDR que pretendía Podemos fijaba que para 2025 al menos el 90 % de las botellas de plástico se recojan para su reutilización o reciclado de calidad. «Algo obligatorio para todos los que comercialicen en la Comunitat Valenciana productos cuyos envases sean susceptibles de abandono. Es decir, envasadores, importadores, distribuidores, mayoristas, intermediarios, distribuidores minoristas, comerciantes, establecimientos de hostelería y cualquier otro agente», según la ley.
