Las defensas de los diez investigados se han estrellado contra el muro del Caso Erial en los nueve primeros meses de investigación conocida públicamente. Un muro construido por el Juzgado de Instrucción 8 de València, la Fiscalía Anticorrupción y los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que se han sumado en los últimos meses los magistrados de la sección quinta de la Audiència de València. Un muro que hizo su cometido desde que se inició la investigación del Caso Erial, a mediados de 2015, ya que se pudo indagar con sigilo durante más de dos años, sin que los investigados supieran que estaban siendo vigilados por la Guardia Civil y sus conversaciones grabadas por orden de la jueza de Instrucción 8 y el beneplácito de Anticorrupción.
Una «tranquilidad» investigadora que estalló el 22 de mayo de 2018 cuando la madurez de la investigación del Caso Erial provocó la detención del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y su círculo más íntimo de confianza, además de varios miembros de la familia Cotino. Todos ellos acusados del decálogo de delitos que alimentan las causas de corrupción. La Jueza de Instrucción 8 y el Fiscal Anticorrupción consideran a los diez investigados del Caso Erial como presuntos autores de los delitos de cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir, según detalló la titular del Juzgado de Instrucción 8 en el auto de prisión que envió al primer expresidente de la Generalitat a un centro penitenciario.
Tres presos preventivos
Desde entonces, la mayoría de las defensas han batallado contra los investigadores con dos objetivos claros: levantar el secreto del sumario y conseguir la libertad para Eduardo Zaplana, su testaferro y su asesor fiscal, encarcelados como él desde el 24 de mayo. Una prisión preventiva que los investigadores han mantenido sin titubeos, a pesar de la campaña de presión para que liberaran al exministro, hasta que han podido amarrar y bloquear casi siete millones de euros guardados a buen recaudo en dos cuentas en Suiza. El dinero incautado aún no se ha ingresado en la cuenta del Juzgado de Instrucción 8, pero la magistrada ve «imposible la disposición de dicho dinero» por parte de los tres acusados excarcelados lo que «minimiza el riesgo de fuga, al privarles de una cantidad tan importante de dinero». El exministro de Trabajo se apresuró a negar que estas cuentas le pertenezcan, aunque la magistrada considera que «presunta e indiciariamente el 90% [del dinero hallado en Suiza] pertenece a Eduardo Zaplana» y, el resto, a su testaferro y asesor fiscal, Joaquín Miguel Barceló y Francisco Grau Jornet, respectivamente.
Para batallar contra todos estos elementos, los letrados de las defensas han presentado una batería de recursos que han rebotado contra el muro creado por los investigadores del Caso Erial. Las defensas han alegado «indefensión» al permanecer secretas las actuaciones y «privación del derecho de defensa». Argumentos rechazados por la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 8 porque, según refieren en varios escritos, «las actuaciones secretas para todas las partes, salvo para el Ministerio Fiscal, lejos de ser causa de indefensión es una garantía, procesal y de legalidad y no un menoscabo, al ser parte necesaria en todos los procedimientos penales», señala el Fiscal Anticorrupción del Caso Erial en un escrito de respuesta a los letrados. Sí admite que puede haberse sacrificado el derecho de defensa pero «proporcionalmente a la complejidad de la causa, el número de investigados, el examen de la documentación y la comprobación de su autenticidad que requiere que, en aras de no perjudicar la investigación» ésta estuviera secreta hasta hoy, cuando se levantará parcialmente el sumario.
