Fin de la pesadilla. La Campaña por el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs NO) había exigido al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, que se paralizara de forma inmediata la deportación de Carmen Leigue Ralde, ciudadana boliviana de 65 años que lleva residiendo en València 17 años. La mujer ha trabajado como empleada del hogar interna y cuidando a niños y ancianos. Además, tiene un hijo y una hija que viven en España y tres nietos de 2, 4 y 6 años nacidos en València. A pesar de esto, se le había notificado que iba a ser deportada a Bolivia esta misma noche porque el Juzgado Número 6 de lo Contencioso-Administrativo considera que no tiene arraigo suficiente en España.
Finalmente, Carmen ha quedado en libertad esta tarde y ya ha regresado a su casa.
Llegó a España procedente de Bolivia hace ya 17 años y desde entonces ha trabajado como cuidadora de personas mayores y niños. De hecho, asiste habitualmente a los talleres de la ONG Psicólogos Sin Fronteras para su formación e integración dentro de la comunidad. La mayoría de las veces trabajó sin contrato -como ocurre en muchos de estos casos-, pero llegó a conseguir regularizar su situación con permisos de residencia por dos años gracias a algún contrato. No obstante, según explica su hijo, Eric, hace dos años no le renovaron el permiso al no llegar a la cotización mínima.
Hace poco menos de un mes, el 21 de enero, según el relato de su hijo, dos policías nacionales de paisano la detuvieron a la salida de un locutorio en el barrio de Patraix y la llevaron a la comisaría de Paterna. Tras comprobar que su permiso de residencia había caducado, le comunicaron que se iniciaría el procedimiento de deportación. Además le requisaron el pasaporte y le informaron de que debía acudir a firmar de manera semanal a la propia comisaría.
En el calabozo desde el martes
El pasado lunes 11 de febrero la citaron para que acudiera al día siguiente a la comisaría de Paterna. Allí, el martes 12 le mostraron la orden de expulsión que, según aseguran los familiares, le indicaron que se hará efectiva esta misma noche. "Ya tienen preparado el vuelo", asegura Eric. Carmen se encuentra desde entonces en los calabozos de Paterna sin poder ver a su familia y, angustiada, a la espera de que se pueda resolver su situación sin que sea deportada. "Allí en Bolivia no tiene nada, se quedaría debajo de un puente", lamenta Eric, que recuerda que Carmen se dedicaba diariamente al cuidado de sus nietos "porque sus padres trabajamos todo el día" y éstos ya la echan de menos. "Papá, ¿dónde está la abuela?, preguntaban ya ayer", relata.
Según asegura el hijo de Carmen, desde el pasado 21 de enero, cuando le informaron de que se iba a iniciar el procedimiento de expulsión, no habían podido emitir ningún recurso "porque no nos habían dado la orden de expulsión". "Ahora hemos visto que la tenían desde el 28 de enero en la comisaría, y no se la habían notificado a su abogada hasta que se la dieron a ella anteayer", asegura. Tras ello, ayer mismo presentaron el oportuno recurso para evitar la deportación que, según señala, ya fue rechazado por el juzgado por la tarde.
La portavoz de CIEs NO, Cristina Martínez Ferrando, ha criticado que es "inhumano" que encierren y deporten a una persona cuyos hogar y familia están en València. "El Estado español ha encerrado y va a expulsar de forma exprés a una mujer mayor que ha estado cuidando a niños y ancianos y que ha residido cerca de 20 años como una vecina más alegando que carece de arraigo. Esta injusticia es insostenible y debe impedirse de forma inmediata", indica.
También la Federación de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana se ha sumado a la denuncia encabezada por CIEs NO y que ya se ha convertido en tendencia en redes sociales. "Estamos ante el caso de una mujer que lleva años dedicando su vida al cuidado de otros (mayores y menores), un mundo (el de los cuidados) que está ya de por sí precarizado, pero más cuando afecta a inmigrantes, que tienen escasas posibilidades de obtener al contrato, por lo quedan al margen de la protección del sistema", indica la presidenta de la Federación Amàlia Alba en la misiva remitida al delegado del Gobierno.
"Se trata de una persona que tiene aquí su familia y está integrada en su comunidad, las instituciones no pueden castigarla con la deportación. Hay razones humanitarias que justifican la no expulsión", advierte Alba.
De igual modo ha exigido la Plataforma de Afectados por la Hipoteca la paralización de la deportación de Carmen Leigue: "Si hay un hueco en el avión, pedimos al delegado del Gobierno que deporte a todas las organizaciones que no pagan impuestos en el estado español y que, por contra, se han quedado con nuestras viviendas. Y, en su lugar, nos dejan a nuestra hermana boliviana aquí".
Delegación del Gobierno asegura que está analizando el expediente
Fuentes de la Delegación del Gobierno han asegurado a este diario que ya están analizando el expediente de Carmen Leigue Ralde "para que se resuelva con la mayor premura", ya sea en caso de que que se revoque la deportación o que se confirme, ya que, según han reconocido, el vuelo a Bolivia está programado para esta misma noche. Asimismo, han indicado que la orden de expulsión dictada por el juzgado es la respuesta a un recurso presentado por la propia afectada a un procedimiento "de hace más tiempo" contra ella, sin precisar cuándo se inició éste.
