De «ida y vuelta». Así es el impuesto de depósito en vertedero e incineración de residuos domésticos que proponen PSPV y Compromís en sus enmiendas a la Ley de Prevención de Residuos y Economía Circular que impulsa Podemos-Podem, y que ahora será también de Transición Ecológica. Los socios de gobierno presentaron ayer una batería de modificaciones, pactadas, con las que «suavizan» las exigencias de la formación morada. Una de ellas es la disposición adicional sexta, donde mantienen el impuesto para los entes locales o consorcios de plan zonal que incumplan los porcentajes de reciclaje y valorización material, o por la eliminación o incineración indebida de los desechos domésticos. Con la variación de que esas cantidades recaudadas «deberán retornarse, en un 96% a las entidades locales responsables de la recogida selectiva y gestores de ecoparques para la prevención en la generación de residuos».
Eso sí, el impuesto retrasa su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2021, frente a Podemos que pedía aplicarlo a partir ya de 2020. Sería a partir del 31 de diciembre de 2019 cuando se desarrollaría la normativa sobre la fiscalidad. La recaudación por dicho impuesto iría destinada al Fondo Ambiental de Residuos de la Comunitat Valenciana, creado en la ley y que quedará adscrito a la Agencia Valenciana de Transición Ecológica y Economía Circular. «No se trata de castigar, sino de premiar a los que menos vertidos generen y exigir a los infractores que se apliquen en medidas correctoras», explica Teresa García (Compromís).
El PP ha pedido la supresión del artículo que hace mención a esta nueva tasa y la popular Elisa Díaz aboga «por incentivar la prevención más que gravar, y huir de la sanción, aunque nadie lo ha enmendado desde la sociedad civil», apunta. Ciudadanos, mientras, pide la supresión del artículo sobre la Agencia Valenciana de Residuos, así como el de la Oficina de Prevención y Gestións. «Estamos por la eficiencia en el sector público y no somos partidarios de cuestiones que pueden ser asumidas por conselleria directamente», según Rosa García.
La oposición coincide al pedir la supresión del Sistema de Devolución, Depósito y Retorno (SDDR), al que PSPV y Compromís señalan como algo «complementario» que entraría en vigor «solo en caso de incumplimiento de los límites establecidos por la ley estatal de 2011» en cuanto a reciclaje. Nunca antes del 1 de enero de 2021, y «siempre con estudios y análisis de viabilidad, debiéndose justificar su viabilidad técnica, ambiental y económica». En la línea opuesta a Podemos.
En cuanto a la responsabilidad ampliada del productor, las enmiendas de socialistas y valencianistas señalan que éstos estarán obligados a suministrar a la conselleria todos los datos sobre gestión de residuos el primer semestre de cada año.
