Eduardo Zaplana fue ingresado en La Fe el 12 de marzo de 2018 según se desprende del sumario sobre el que se levantó parcialmente el secreto ayer. Durante su estancia, su actividad empresarial no cesó. Una conversación recogida por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) entre uno de sus testaferros, Joaquín Barceló, y el expresident, revela que se desplazó hasta la habitación donde se encontraba ingresado para despachar sobre un asunto del que no dan detalles en la conversación.

Un encuentro que no podía posponerse a juzgar por el tono del expresidente y el nerviosismo del testaferro. «Te tendrías que venir esta tarde o mañana por la mañana como muy tarde», le solicita Zaplana. Barceló le pregunta si es grave y urgente, y le reconoce estar «preocupado». Tanto es así que dos horas después le llama para confirmar que le visitaría por la tarde.

Esto avala la tesis de la jueza que instruye el caso, la Audiencia Provincial y la Fiscalía que rechazaron el cuarto recurso que presentó su defensa reclamando su libertad por su mal estado de salud. Entonces alegaron que las intervenciones practicadas mostraban cómo Zaplana había gestionado sus negocios desde el hospital.

A lo largo de los siete tomos del sumario, la UCO relata las medidas que tomó para poder acceder a información consistente, que era la que se intercambiaba en el cara a cara. Así, intervino los teléfonos del núcleo duro de Zaplana, desde Barceló hasta su otro testaferro, Francisco Grau, también el ex jefe de gabinete Juan Francisco García Gómez, y un abogado que hizo las veces de testaferro en América Latina, Washington Fernando Belhot.

La UCO reseña en distintas ocasiones del sumario que los investigados «toman ciertas medidas de seguridad a la hora de hablar y/o concretar temas sensibles». Las conversaciones telefónicas son en clave y se hacen vagas referencias a los asuntos investigados.

La UCO se vio obligada a instalar en diversas ocasiones un sistema de grabación de sonido ambiente en algunas de las citas que los investigados programaban al teléfono. Lo utilizaron en varias ocasiones porque, como señala la jueza instructora, es cuando están «cómodos y confiados» y sí que hablan sobre «negocios y de dinero».

Uno de los permisos buscaba instalar el sistema en el propio despacho de Zaplana, en las oficinas madrileñas de Telefónica en febrero de 2018, donde se reuniría con Grau. En otra ocasión, los micrófonos se instalaron en el Hotel Wellington, en el transcurso de un almuerzo junto con Belhot, un mes antes de su detención en València, donde le sugiere la necesidad que tiene de obtener liquidez.

También con Belhot, en febrero de ese mismo año, se produjo un encuentro en el restaurante madrileño Ultramarinos Quintín. Se procedió a la instalación de micrófonos, pero según la Guardia Civil «por razones operativas no fue posible utilizar los medios técnicos de captación [...] ni, por tanto, se pudo materializar la medida prevista y autorizada».

La instalación de dispositivos de seguimiento GPS también se practicó en los casos de Joaquín Barceló y de Juan Francisco García. Los agentes justificaron la medida en el caso de García por «la gran movilidad que tiene este investigado, que ha impedido fijar parámetros de conducta estable». El dispositivo fue instalado tres días antes de la detención de Zaplana.

Además, una red de agentes de paisano se encargaba de dar testimonio de los movimientos de los investigados. Los seguimientos se produjeron para recabar información, también con fotografías, tanto en Madrid como en Benidorm, dos feudos del expresidente.

El nivel de secretismo al teléfono era tan alto que, en una transcripción de una conversación telefónica, los agentes anotan sus propias interpretaciones. En una charla entre Zaplana y Grau, el primero señala: «Ya te imaginas que esto se va a hacer pronto». Para los agentes, se refiere a la venta de una vivienda en propiedad de la empresa de Grau, Costera del Glorio, situado en el barrio de Salamanca en Madrid y cuya venta se ejecutó en marzo de 2018 por 1,2 millones de euros.

«Y no te olvides de lo otro», dice Zaplana. En este caso, los agentes reseñan que «nuevamente» se evita dar detalles. Argumentan que «la grabación de la reunión que se pueda dar entre estas dos personas podría aportar datos de relevancia sobre la situación de los fondos y los bienes investigados».