El Govern del Botànic ha abierto la puerta a dos nuevos instrumentos fiscales para mejorar el reciclaje y reducir vertidos. Ambos en el plano de la economía circular y con planteamientos distintos, pero con una meta idéntica: poner fin a los desechos. El primero, y más avanzado, podría llegar a través del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, pendiente ya del informe de la Abogacía de la Generalitat. En el documento - que deberá aprobarse por decreto-, se plantea la implantación de una tasa supramunicipal autonómica que pretende cubrir los nuevos costes de amortización y explotación de los consorcios de residuos y entes supramunicipales, que necesitan modernizar su gestión. El texto, eso sí, deja claro que el ejecutivo valenciano «estudiará la viabilidad técnica, ambiental, jurídica y económica sobre su posible imposición».
El otro camino hacia el residuo cero-vertido cero sería realidad a través de la Ley de Prevención de Residuos, Transición Ecológica y Economía Circular que impulsa Podemos. En ella se contempla el impuesto de depósito en vertedero e incineración de residuos domésticos para los entes locales o consorcios que incumplan los porcentajes de reciclaje y valorización material, o por la eliminación o incineración indebida. PSPV y Compromís mantienen el texto de Podem, aunque introducen que esas cantidades recaudadas «deberán retornarse, en un 96 % a las entidades locales responsables de la recogida selectiva y gestores de Ecoparques para la prevención en la generación de residuos».
El impuesto retrasaría su entrada en vigor hasta el 1 de enero de 2021, frente a Podemos que pedía aplicarlo a partir ya de 2020. Sería a partir del 31 de diciembre de 2019 cuando se desarrollaría la normativa sobre la fiscalidad. Los ingresos irían al Fondo Ambiental de Residuos de la Comunitat Valenciana, creado en la ley y que quedaría adscrito a la futura Agencia Valenciana de Transición Ecológica y Economía Circular, de nueva composición también.
En cualquier caso, desde la dirección general de cambio climático y calidad ambiental se recuerda que la tasa supramunicipal que figura en el PIR es solo una hipótesis encima de la mesa, cuyo objetivo sería pagar las nuevas inversiones necesarias para alcanzar los objetivos que marca la Unión Europea en materia de recogida selectiva de residuos, así como la reducción de los rechazos que en la actualidad continúa llegando a los vertederos, y que en el año 2035 no deberá superar el 10 % según las directivas comunitarias. «No es una tasa en sí misma, es solo un estudio para ver las posibilidades», inciden desde el departamento de Joan Piquer.
La proposición de ley está en fase embrionaria todavía, pues cerrado el plazo de presentación de enmiendas aún ha de pasar por comisión y después debatirse para su aprobación en sesión plenaria, que será ya una de las últimas de la actual legislatura. Además, en caso de contradicción entre una y otra siempre primaría la ley sobre el decreto, recuerdan fuentes de la conselleria de Medio Ambiente.
La UE quiere un impuesto ya
La llamada «fiscalidad verde» es el gran caballo de batalla de la Unión Europea, que persigue que todos sus países miembros la apliquen para acercarse al residuo cero. No solo eso, sino que reclama cierta unificación en los cánones al vertido y a la incineración, y que todas las comunidades autónomas lo implanten. Cataluña, por ejemplo ya aplica dos tipos de gravámenes, uno por depósito y otro por incineración, que para 2019 el govern català lo fija en 41,30 euros por tonelada para el primero y 20,60 euros por tonelada para el segundo.
Cantidades que se incrementan para 2020 hasta los 47,10 euros por tonelada y 23,60 euros por tonelada. Respecto a los fondos obtenidos por esos impuestos, al menos el 50% se reinvierte en la mejora de la recogida selectiva y el reciclaje de otras fracciones de residuos, la valorización material o en la promoción de campañas de sensibilización, divulgación y educación ambiental. En la línea de lo que proyectan PSPV y Compromís, que además inciden en que ese impuesto solo lo pagarían los consorcios que excedan los límites establecidos por ley.
