17 de febrero de 2019
17.02.2019

La jueza bloquea cuentas y 69 propiedades a los Cotino y los expresidentes Zaplana y Olivas

El Juzgado de Instrucción 8 también inmoviliza inmuebles al exjefe de gabinete y la secretaria del exjefe del Consell, a sus dos testaferros y al empresario Roberto Bataouche por un valor total de 16 millones

16.02.2019 | 22:24
La jueza bloquea cuentas y 69 propiedades a los Cotino y los expresidentes Zaplana y Olivas

El estallido del Caso Erial supuso el decomiso de un total de 69 propiedades valoradas en 16 millones de euros, cuentas bancarias, cajas de seguridad y diez coches de alta gama embargados a Eduardo Zaplana, sus dos testaferros y sus más directos colaboradores: el exjefe de gabinete Juan Francisco García y su secretaria Mitsouko Henríquez. La titular del Juzgado de Instrucción 8 de València, Isabel Rodríguez Guerola, también ha inmovilizado 39 propiedades a la familia Cotino, así como al expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, según recoge el sumario del Caso Erial sobre el que se ha levantado el secreto parcialmente esta semana.

Sobre los inmuebles, el procedimiento habitual en estos casos supone dirigir a los registros de la propiedades un mandamiento judicial en el que ordena una «anotación preventiva de prohibición absoluta de disponer, vender, gravar, obligar o enajenar» la relación de inmuebles recopilados por los investigadores. En el Caso Erial se han debido enviar mandamientos judiciales a 25 registros de la propiedad de toda España, aunque la mayoría de inmuebles se encuentran en València y Alicante.

El empresario José Cotino Escrivá es al que mayor número de propiedades han incautado. Un total de 16 inmuebles entre garajes, viviendas y trasteros ubicados en las grandes vías Marqués del Turia, Àngel Guimerà, además de varias parcelas urbanas en Paterna, todos inscritos a nombre de Gespatco SL, la mercantil de la que es administrador único. Sobre José Cotino Escrivá los investigadores sospechan de su activa participación en el pago de comisiones a través de las dos sociedades luxemburguesas utilizadas por la familia Cotino (Imison International y Fenix Investments) para abonar las supuestas mordidas por los contratos de las ITV (inspecciones técnicas de vehículos) y el Plan Eólico.


A muy poca distancia, le sigue en volumen de propiedades bloqueadas el presunto testaferro de Eduardo Zaplana, Joaquín Barceló Llorens, a quien la justicia ha incautado quince propiedades junto a su mujer, también investigada en esta causa, en Benidorm, Polop, La Vila Joiosa y Jumilla. Barceló Llorens es el administrador de la mayoría de empresas utilizadas para repatriar desde el extranjero el dinero procedente de las presuntas mordidas y que presuntamente ha permanecido (y en parte aún permanece) a buen recaudo en varios paraísos fiscales como Andorra, Luxemburgo, Paraguay y Uruguay, según refleja el sumario del Caso Erial. Los investigadores sospechan que en realidad las propiedades a nombre de empresas como Medlevante y Gesdesarrollos Integrales en realidad pertenecen a Zaplana, pero era Joaquín Barceló, su amigo de la infancia y compañero de la Peña Picarol quien las custodiaba y gestionaba.

El expresidente de las Corts y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, también ha sufrido un severo varapalo a sus propiedades ya que se le han confiscado hasta diez propiedades que a su nombre, total o parcialmente, o al de empresas como Alquería Dolores e Inverseco, en las localidades de Xirivella (fincas urbanas), y rústicas en Picanya, Aldaia y Riba-roja del Túria. De Cotino, los investigadores consideran que estaba presuntamente en el ajo desde el principio ya que en la «hoja de ruta» hallada en la antigua vivienda de Zaplana en València (el origen de la investigación) aparece su dirección de correo como destinatario del reparto de las zonas del Plan Eólico antes de que éstas se adjudicaran.

El jefe de gabinete de Zaplana durante su etapa como presidente, Juan Francisco García, y su mujer también han visto como el juzgado les inmovilizaba siete propiedades en la calle Jaime Roig de València, su segunda residencia en Dénia y una finca urbana en Águilas.




También son siete las propiedades aprehendidas a Francisco Grau Jornet, el otro presunto testaferro de Zaplana e «ingeniero» de la operativa de empresas creadas presuntamente para blanquear y repatriar el dinero de las mordidas. De hecho, dos garajes y una parcela rústica en el paraje alicantino de Lindavia aparecen a nombre de Turnis Sylvatica SL, de la que es administradora única la mujer de Grau.

Sorprendentemente, en la causa también se han bloqueado cuatro propiedades del expresidente de la Generalitat, Jose Luis Olivas, en la avenida de Aragón. El exjefe del Consell aseguraba esta misma semana que no tuvo «ninguna intervención, directa o indirecta, en el proceso de adjudicación de los parques eólicos de la Comunitat Valenciana, cuya gestión se encomendó a la Conselleria de Industria». Sin embargo, los investigadores del Caso Erial consideran que «existen indicios de que determinadas cantidades dinerarias obtenidas por José Luis Olivas, a través de la sociedad de consultoría Imarol SL, satisfechas desde una sociedad del grupo Sedesa, realmente podrían corresponder al pago de un presunto soborno con ocasión del supuesto trato de favor recibido por Sedesa en la adjudicación de tres zonas del Plan Eólico». Por estos hechos, Olivas y Cotino ya fueron condenados a año y medio de prisión cada uno Cotino por sendos delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. por falsificar una factura para encubrir la comisión de 580.000 euros (IVA incluido).

Completan la terna de propiedades inmovilizadas el empresario Vicente Cotino Escrivá, a quien han incautado tres propiedades en El Perellonet y Rocafort a nombre de las mercantiles Sistemas Globales Inmobiliarios y Pontia Asset Management SL.

El mismo número de inmuebles -tres- que tiene a su nombre en València la secretaria de Zaplana, Mitsouko Henríquez. Cierran las incautaciones el empresario alicantino Roberto Bataouche, relacionado con las mercantiles Altea Costa Beach y Marina Greenwich (gestora del puerto de Altea) a quien el juzgado ha bloqueado dos propiedades en el Villa Puerto Beach de Altea.

Al expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, sólo le incautaron el chalé de Benidorm que tiene en propiedad con su mujer. Aunque al demostrar durante la instrucción que se adquirió antes de los hechos investigados, la jueza decidió levantar el embargo sobre esta vivienda.
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