Las tres formaciones que integran el Pacte del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) han presentado en las Corts Valencianes una proposición de ley para cambiar la norma por la que se rige el monasterio de la Valldigna, elevado a templo espiritual de los valencianos por el Estatut reformado en 2006. El procedimiento se tramitará por el sistema de lectura única, el más rápido.

El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha señalado esta mañana que existe una anomalía en la norma porque el órgano gestor del monasterio es una entidad privada, la Fundación Jaume II el Just, pero que está financiada por fondos públicos y las decisiones que se adoptan en su seno las toman también dirigentes políticos.

Ello ha permitido que cuando gobernaba el PP que preguntar por los 11 millones de agujero que había acumulado la fundación y los 5,7 destinados a la trama Taula. Según el dirigente de Compromís ello permitía que se pudieran saltar todos los controles.

La fundación Jaume II el Just, en el centro de la polémica tras su paso por ella de Vicente Burgos y Marcos Benavent se encuentra en la actualidad en liquidación por parte del Consell. Ahora, lo que se busca también es eliminar la fundación de la ley del monasterio para que el espacio público pase a estar gestionado directamente por la Conselleria de Cultura.

Mientras, el exconseller de Cultura y Educación Alejandro Font de Mora ha asegurado esta mañana en su comparecencia en la comisión que investiga los contratos de la trama Taula con la Generalitat que la Fundación Jaume II El Just se ajustó siempre a la ley y si hubiera tenido conocimiento de que se hicieron desde esta entidad pagos en B lo hubiera "denunciado y corregido", señaló.

Font de Mora ha asegurado sentirse en "absoluta indefensión" tras cuestionar el sistema de funcionamiento de la comisión.

El exconseller ha afirmado que cuando accedió a la Consellería en 2003 ya estaban en la Fundació Vicente Burgos, como "presidente plenipotenciario", y Marcos Benavent, el autodenominado yonqui del dinero, al que ha asegurado que no llegó a conocer y que solo supo de él cuando apareció posteriormente en los medios de comunicación.

"No tengo conocimiento de que se haya realizado ninguna operación fraudulenta" en la Fundació, ha dicho Font de Mora, quien ha agregado que era la Secretaría Autonómica la que gestionaba la entidad y lo hizo "con una notable limpieza. Todo lo que se invirtió y gastó estaba informado jurídicamente y soportado documentalmente con facturas".

Preguntado por las licitaciones de infraestructuras educativas a través de la empresa Ciegsa durante su época de conseller de Educación, Font de Mora ha contestado que en esa época el "desvío medio" del coste era del 19 %. "Había centros con más o con menos desviación y otros sin ninguna", ha subrayado.

Según Font de Mora, durante su etapa como conseller entre 2003 y 2007 se invirtieron 1.800 millones de euros para infraestructuras educativos y si 5,5 de esos millones fueron para una sola empresa "es no es un trato de favor".

Respecto a la Fundació Jaume II El Just, Font de Mora ha indicado que, según la cuenta de pérdidas y ganancias realizada por la secretaria de su patronato, el déficit de la entidad en el año 2007 fue de 819.366 euros, mientras que la diputada de Podemos Fabiola Meco ha asegurado que el "agujero era de 11 millones de euros".

"Como conseller no tuve ninguna queja ni advertencia ni desde la administración, el protectorado ni la oposición", ha dicho Font de Mora, quien ha explicado que cuando accedió al cargo mantuvo a la mayoría de personal que había y solo hizo unos "cambios puntuales".

"A Javier Burgos lo recibí en mi despacho como a todos los gerentes de las fundaciones y patronatos que presidía y a Marcos Benavent, no lo conocía", ha afirmado Alejandro Font de Mora, quien ha reconocido que no conocía "el día a día" de la Fundació y "solo sabía de sus líneas generales".

Desde el PSPV han denunciado que desde la Fundació se destinó dinero público, en ocasiones fraccionando contratos, para muchos eventos de ocio o gastronómicos, a lo que Font de Mora ha respondido que el no participó "en ningún fiestorro pagado con dinero público".