El clan Zaplana pretendía hacer caja con la indemnización que la empresa Marina Greenwich SA reclamaba a la Generalitat por no haber podido ampliar el puerto deportivo Marina de Campomanes en Altea, de la que es concesionaria desde 1997 por un periodo de treinta años. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anularon esta polémica ampliación, que empezó a tramitarse en 1999, con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, aunque se aprobó ya bajo mandato de Francisco Camps.

A pesar de este varapalo judicial, la mercantil Marina Greenwich reclamaba a la Generalitat un total de 93 millones de indemnización por el lucro cesante y el dinero invertido en la ampliación frustrada del puerto. El último gobierno autonómico popular sí reconoció a Marina Greenwich SA el derecho a cobrar 500.000 euros, mediante una resolución firmada por la entonces consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig el 21 de mayo de 2015, cuatro días antes de las últimas elecciones autonómicas. Marina Greenwich SA recurrió y logró que el TSJCV le reconociera el derecho a ser indemnizada con un millón de euros. Un fallo que ha sido recurrido ante el Supremo ya que Marina Greenwich SA persiste en su objetivo de seguir exigiendo los 93 millones de euros. Una voluminosa indemnización de la que esperaban cobrar Zaplana y sus testaferros, casi diecinueve años después de que se iniciara la tramitación de la fallida ampliación del puerto de Altea.

Así lo recoge la jueza del caso Erial, Isabel Rodríguez Guerola, en uno de los autos de la causa, en el que señala que «esta asociación de personas -en referencia a los testaferros del expresidente de la Generalitat Joaquín Barceló, Francisco Grau y Fernando Belhot- tiene como cabeza a Eduardo Zaplana, el cual presuntamente se prevalió en su día del cargo que ostentaba, haciendo partícipe al resto de los investigados pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles, beneficiándose a la vez los mismos. Beneficios que siguen generándose y que se esperan (...) derivada de una indemnización a la sociedad Marina Greenwich SA, con la que también tiene intereses el mismo [en referencia a Zaplana]».

La magistrada llega a esta conclusión indiciaria, tras las grabaciones de los dos testaferros de Zaplana recogidas por los agentes de la Unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil en la que hablan del dinero que esperan recibir del empresario Robert Bataouche, cuando ganen a la Generalitat el pleito por la indemnización del puerto de Campomanes. «Se desprende de la secuencia de hechos relatada la existencia de un acuerdo en el que parecen haber participado, indiciariamente, por parte de Marina Greenwich SL, Robert Bataouche, George Pierre Santa Maria y Enrique Javier de Céspedes por el cual se habrían comprometido a pagar una cantidad indeterminada a Joaquín Barceló, Francisco Grau e, indiciariamente y por los hechos expuestos, posiblemente a Eduardo Zaplana».

Es el empresario de origen argelino Robert Bataouche quien verbaliza al testaferro Joaquín Barceló el compromiso de abonar esta presunta comisión, de la que no se llega a conocer la cantidad exacta. Ambos conversan por teléfono el 05 de febrero de 2018 a las 17.42 horas. A instancias de Barceló, el empresario Bataouche asegura: «Si estáis de acuerdo, en el momento que tengamos el juicio favorable, la cantidad que tenemos nosotros puesto en contabilidad y, a partir de ahí, hay que decir a este señor [la Guardia Civil cree que se refiere a Zaplana] que sí estamos dispuestos a pagarle si sale bien el juicio, que está a punto de caer». Apenas dos días después, en otra llamada interceptada por la Guardia Civil entre los dos testaferros de Zaplana, Barceló relata a Grau el compromiso de Bataouche, siempre condicionado a que Marina Greenwich ganara el pleito.

La Guardia Civil también tiene documentada una cita entre Barceló, Grau, Bataouche y Zaplana en la cafetería del Hotel Agir de Benidorm, celebrada el 25 de enero de 2018, en la que el expresidente del Consell llega a manifestar «nos engañaron en el último momento», según escuchó un agente.