El futuro de los más de 150 trabajadores de la empresa privada Eresa, que ahora se ocupan de las resonancias en los hospitales públicos, está en manos del Consell Jurídic Consultiu. Así lo ha asegurado esta mañana la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que ha explicado que solo habrá subrogación de los trabajadores (tras la finalización de los contratos y la internalización del servicio) si el Consell Jurídic Consultiu (CJC) dictamina que hay sucesión de empresas. Si así fuera, y según la consellera, la subrogación se haría con "toda seguridad" para "no judicializar" este procedimiento.
Así lo ha asegurado Barceló en su comparecencia de esta mañana en las Corts en respuesta a una pregunta de la diputada de Compromís Isaura Navarro Casillas sobre el futuro de los trabajadores del servicio de resonancias magnéticas después de que el pasado 31 de octubre finalizara el contrato con la UTE Erescanner Salud. La empresa sigue realizando el servicio -en principio hasta el próximo verano- mientras la conselleria ultima cómo asumir el trabajo. En este proceso, en principio, se contaba con sumar a los trabajadores de la privada (lo que solventaba gran parte del problema de no contar con profesionales formados en los hospitales), aunque los últimos informes de la Abogacía de la Generalitat y el CJC cuestionando la subrogación del personal de Alzira, han bloquedado el proceso. La conselleria, de hecho, dejó en el aire a los trabajadores asegurando que motu proprio no podían dictaminar que hubiera sucesión de empresas y que solo los juzgados podían determinar la asunción de los trabajadores.
Al respecto, la consellera ha dicho esta mañana que el proceso de reversión de este servicio es de "suma complejidad" ya que ha advertido de que por "extensión puede afectar a otros colectivos", haciendo referencia a otras empresas privadas que gestionan concesiones de la conselleria.
Por ello, ha pedido "prudencia" para poder "avanzar con seguridad" y "firmeza" y "no vulnerar los derechos de los trabajadores en la incorporación a la gestión publica" de forma que debe hacerse "de acuerdo con la normativa" y el informe solicitado al CJC sobre si hay o no sucesión de empresas.
En ese sentido, ha señalado que la conselleria, una vez disponga de este dictamen "actuará en consecuencia" y de acuerdo con los informes. "Lo primero es aclarar si hay sucesión de empresas y entonces procedemos a la subrogación pero con toda seguridad para no judicializar este procedimiento", ha recalcado.
Al respecto, ha aclarado que la voluntad de la conselleria es que el servicio de resonancias magnéticas vuelva a ser "una prestación pública", pero ha subrayado que su "obligación" es garantizar a este proceso "la máxima seguridad jurídica para la Administración" pero también "con el respeto a los derechos de los trabajadores".Las dudas sobre la fórmula de Alzira
En ese sentido, ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 31 de octubre decretó "la improcedencia" de la figura de 'personal a extinguir' en los procesos de reversión de los servicios privatizados. Por ello, se pidió un informe a la Abogacía de la Generalitat para "clarificar si había sucesión de empresas" y por tanto obligación de subrogar.
Sin embargo, ha aclarado que el informe de Abogacía "no entró a valorar" este punto que para la Administración es "crucial" para llegar a "buen puerto" las gestiones para poder asumir este servicio de forma directa. Por ello, se elevó una consulta al CJC sobre "si existe sucesión de empresas", y por tanto hay una obligación de subrogar a la plantilla, o si se trata de "una rescisión del contrato con una empresa".
Barceló ha recalcado que la Administración debe "conjugar los derechos de trabajadores para acceder a empleo público de acuerdo con los criterios de mérito, publicidad y en condiciones de igualdad" y respetar asimismo la jurisprudencia sobre el derecho de subrogación de los trabajadores. Por ello, es un proceso de "suma complejidad" y va a esperar a los informes solicitados para actuar "en consecuencia".
