Con el beneplácito del CJC, la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tiene ya vía libre para resolver un problema «congelado» desde el pasado 1 de noviembre, día en que acabó oficialmente el contrato de las resonancias de la UTE Erescanner en una decena de hospitales públicos. Desde entonces, la empresa sigue prestando sus servicios (primero se le pidieron tres meses extras, después hasta el verano) a la espera de que el Consell resolviera si, efectivamente, debía haber o no sucesión de empresas -como así parece- y la consiguiente subrogación del personal.
Aunque se hablaba de cerca de 150 trabajadores a subrogar, el informe del Consell acota la cifra y los deja en 111 entre radiólogos, técnicos de radiología (el colectivo más numeroso con 42 personas), personal de enfermería, auxiliares y administrativos, además procedentes tanto de Eresa (la firma que capitanea la UTE) pero también de Inscanner y Beanaca.
Una vez salga adelante el decreto de subrogación (que Sanidad ya tenía preparado a imagen y semejanza del de Alzira) o bien se opte por una empresa pública, serán los trabajadores los que tengan la última palabra a la hora de quedarse con su empresa o «dejarse» subrogar por la administración pública.
Y ahí, puede llegar un segundo problema. Según los informes presentados por Sanidad, «gran parte del personal» que, en principio, era subrogable había decidido ya quedarse con sus empresas de cabecera, entre ellas Eresa, después de que estas hubieran conseguido de forma paralela nuevos contratos para realizar resonancias para la administración y garantizar, de esta forma, su viabilidad. Eresa consiguió tres de los cinco lotes (entre ellos el de la provincia de Valencia) de las resonancias que el Consell sabe ya que no va a poder asumir.
Este «descuelgue» de empleados (en los informes de Sanidad se reconoce incluso que esa cifra sería «insuficiente») complicaría aún más a la conselleria la internalización del servicio ya que la creación de plazas está ya, de hecho, obstaculizando la puesta en marcha de nuevas máquinas, por ejemplo la del Hospital de Sant Joan en Alicante.
Comprada con fondos de Amancio Ortega y ya instalada, la resonancia lleva cuatro meses parada por el retraso de Sanidad en crear plazas de especialistas para su manejo. Precisamente la tardanza en instalar la maquinaria donada por el magnate textil era otro de los «peros» argumentados por Sanidad para retrasar la internalización del servicio.