La nueva fiscal superior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Teresa Gisbert aseguró ayer que uno de los retos más importantes es la lucha contra la violencia machista en la que «pese a los avances» en esta materia con los Pactos de Estado y autonómicos, «es evidente que no hay que bajar la guardia» porque «sigue fallando la prevención». Gisbert tomó ayer posesión de su cargo como nueva fiscal superior del TSJCV y al que ha asistido la fiscal general del Estado, María José Segarra; la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva; el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el delegado del Gobierno de la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.

En su discurso, la nueva fiscal superior del TSJCV ha señalado que entre sus principales líneas de actuación estará la lucha contra «las nuevas y viejas formas de criminalidad», especialmente la organizada, al tiempo que ha considerado que uno de los retos más importantes es la lucha contra la violencia machista porque «pese a los avances conseguidos con los Pactos de Estado y los autonómicos, es evidente que no hay que bajar la guardia porque sigue fallando la prevención». Una prueba de que «no lo estamos haciendo todo lo bien que deberíamos», ha puntualizado, es el hecho de que la violencia contra la mujer «sigue aumentando», especialmente los casos contra las menores de edad. A su juicio, se trata de potenciar la prevención y educación, dos cuestiones en las que se está «fallando». De igual modo, ha mostrado su preocupación por el aumento de los casos de trata de mujeres con fines sexuales o los delitos de odio y contra la igualdad, cuestiones en las que también incidirá, ha manifestado.

Gisbert ha querido mostrar su apoyo a los jueces y fiscales catalanes, además de condenar los ataques a sedes judiciales. Al respecto, y en atención a los medios de comunicación al término del acto, ha manifestado que quería hacer público este apoyo por «la profesionalidad, dedicación y defensa del Estado de Derecho y de la Constitución» de sus compañeros en Cataluña en «condiciones tan difíciles».

Además, ha reclamado la «urgente derogación» del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -que fija plazos a las instrucciones penales- para «evitar la impunidad en los delitos de compleja y difícil instrucción». También defiende potenciar la especialización de la fiscalía y dotarla de los medios necesarios para que puedan desarrollar sus funciones y mantener una «fluida relación» con las autoridades judiciales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.