Fundación por la Justicia sabe que lo que pide es difícil, pero no por ello cejarán en el intento de convencer a los partidos políticos para que incorporen en sus programas electorales 15 medidas urgentes contra la corrupción. "Es la única manera de colaborar con la regeneración democrática", ha declarado esta mañana su presidente, el magistrado José María Tomás y Tio. De las 15 propuestas, destacan tres: eliminar los aforamientos, abordar la reforma de la ley electoral para incluir las primarias abiertas y limitar el gasto de las campañas electorales.
Tomás y Tío ha explicado que estas medidas no son una invención de la fundación, si no que forman parte del pacto valenciano contra la corrupción que todos los partidos políticos firmaron en 2015. De las 75 medidas acordadas, se han seleccionado 26 que se congregan en 15, en su mayoría aprobadas por unanimidad por todos los partidos.
La fundación llama a incluir entre las acciones para la próxima legislatura el desbloqueo de la ley electoral valenciana. Quieren que se aplique el voto preferencial y que todos los partidos celebren primarias abiertas, en un ejercicio por otorgar a la militancia y los simpatizantes el poder dentro del partido. Justo lo que se quiere evitar por parte de las organizaciones, ya que "votar a los candidatos que se presentan resta poder a los partidos, por eso no hay interés", ha explicado Ana María Fuertes, directora de la institución.
Además, "es inadmisible" según Tomás y Tío mantener los más de 10.000 cargos aforados que existen en España. Quieren que se supriman "en la fase de instrucción de diligencias penales, con la excepcional y motivada exclusión de altas autoridades del país y por comportamientos en el exclusivo ámbito de su función pública".
Limitar el gasto de las campañas electorales también está entre las prioridades de Fundación por la Justicia. Se prohibiría la condonación de las deudas bancarias, estableciendo un particular sistema de control para garantizar la eficacia de esos límites. Para el presidente "es una vergüenza, esos fondos podrían ir a implementar políticas sociales" y, además, deben ajustar sus presupuestos "a la realidad".
Además, se incluye también exigir la devolución del dinero apropiado indebidamente en casos de corrupción sin que haya fecha de prescripción de los delitos, la medida más solicitada por la ciudadanía según la fundación.
Independencia, funcionarios y reducir el sector público
También piden independencia para todos los órganos que controlan la actuación política. En concreto, señalan a cinco: el Consell de Transparència, la Oficina de Control de Conflictes d'Interés, el Consell Jurídic Consultiu, la Sindicatura de Greuges y la Sindicatura de Comptes. "Es inútil contar con órganos que dependen de conselleria o de mayorías políticas; su régimen debe parecerse al de la Agencia Antifraude", ha dicho Fuertes.
Entre otros consejos, quieren limitar la libre designación y que en el rango de dirección general sea el personal funcionario de carrera el que ocupe estos cargos. Esta medida no fue suscrita ni por PP ni por el PSPV, pese a que generaría una mayor eficiencia en la administración con un cuerpo estable que no cambia cada cuatro años según el partido que gobierne.
Otro compromiso que todos firmaron con unanimidad en 2015 fue el de adelgazar el sector público instrumental de la Generalitat. Ahora se incluye como urgente, porque pese a estar incluido actualmente en los programas de buena parte de los partidos.
