Casi un año después de que Paterna paralizara la llegada de un centro de acogida residencial de menores a la urbanización de Montecanyada, su ayuntamiento ha vuelto a mover ficha: para albergar centros de menores quiere exigir a la conselleria competente -en este caso la de Políticas Inclusivas- la firma de un convenio y, además, pide poder revisar el proyecto educativo de la instalación.
El 8 de marzo de 2018, en aquel histórico Día Internacional de la Mujer que congregó a millones de mujeres en las calles de todo el mundo, el alcalde socialista, Juan Antonio Sagredo, aprobaba con los votos de su partido, junto a los del PP y de Ciudadanos, la suspensión de las licencias asistenciales en suelo privado en el municipio hasta que se modificara el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El PSPV se alineaba así junto a su oposición en el consistorio -después de cierto conato de protestas vecinales- y frente a sus socios de Compromís y Podemos. Esta decisión tensó la cuerda hasta que meses después se rompiera su acuerdo de gobierno por sus discrepancias en torno al proyecto de centro comercial y de ocio Intu Mediterrani.
Ahora, ya en febrero de 2019, el consistorio ha iniciado el expediente para realizar esa modificación y definir esos usos asistenciales. En el documento condicionan la instalación de nuevos centros de protección de menores en el municipio a la suscripción de un convenio entre el ayuntamiento y la conselleria. Además, exigen que el consistorio revise el proyecto educativo del centro en cuestión. Desde el consistorio aseguran que estas medidas son para «garantizar el emplazamiento más idóneo para los menores con el objetivo de asegurar su bienestar, su autonomía y su integración», en palabras de la concejala de Urbanismo, Eva Pérez. Asimismo, sostienen que así los acuerdos entre Consell y consistorio serán «el resultado del diálogo, la coordinación, el consenso y la puesta en común de las políticas sociales municipales y autonómicas».
Entre otros aspectos, el expediente iniciado por el ayuntamiento también recoge que estos centros para la atención a menores deberán estar próximos a dotaciones deportivas, centros de salud, centros escolares y paradas de transporte público.
Los centros de acogida residencial son un recurso de la Conselleria de Políticas Inclusivas destinado a menores de edad en situación de desamparo. Estas instalaciones suelen ser de carácter privado y están repartidas por municipios de toda la Comunitat Valenciana. En ellas residen menores que ya han sido cribados anteriormente en un centro de recepción de menores según sus necesidades específicas. Allí viven junto a monitores que les ayudan a llevar unas pautas adecuadas tanto de aprendizaje como de formación. Su estancia en los centros no tiene una duración limitada.
