El Tribunal Central Administrativo ha anulado el contrato de la reforma del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que la Conselleria de Justicia había adjudicado a Tragsa, la empresa pública estatal. En la resolución, a la que ha tenido acceso Levante-EMV, el Tribunal Central Administrativo estimar parcialmente el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el "encargo efectuado el 5 de diciembre de 2018 por la Consejería de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a favor de Tragsa en la reforma del TSJCV".
El departamento que dirige Gabriela Bravo justificó esta adjudicación por la "ausencia de licitadores, al haber quedado desierta la licitación convocada" por lo que decidió que fuera Tragsa quien redactara el proyecto y ejecutara las obras por valor de 24,9 millones de euros. Una justificación que no admite el Tribunal Central Administrativo porque "el contrato licitado era un contrato de servicios que tenía por objeto la redacción del proyecto y dirección de obras, con un valor estimado de 645.559,20 euros, mientras que el posterior encargo abarca tanto la redacción del proyecto como la propia ejecución de las obras, incluyendo por tanto prestaciones mixtas propias del contrato de servicios y del contrato de obras, por un importe que además asciende a 24.956.366,89 euros". Por tanto, concluye el tribunal, "no concurre el presupuesto habilitante para conferir encargos consistente en que no concurra ningún licitador para la ejecución de la actividad objeto de licitación pública, pues el contrato que se licitó no coincide con el objeto del encargo". Y que no se presentara ninguna empresa a la redacción del proyecto no presupone que las empresas no fueran a optar al concurso de las obras.
El mismo tribunal tampoco observa las "razones de urgencia y seguridad pública" que argumentaba la Conselleria de Justicia para adjudicar a Tragsa la reforma del TSJCV.
La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana (CCCV) dirigió un escrito al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que revocara la decisión de Justicia de adjudicar a Tragsa las obras de reforma del TSJCV. Los contratistas lamentaban que «ante la situación dramática» que sufre el sector «tras la caída del 80,79% de la licitación en la última década», la Generalitat «está tomando decisiones en contra del sector privado de contratistas de obras para la administración pública al adjudicar obras a la empresa Tragsa, utilizándola de forma abusiva como medio propio de la administración, cuando el sector productivo privado está capacitado y puede realizar estas obras con suma eficacia y eficiencia», aseguraban en la misiva dirigida al jefe del Consell, adelantada por Levante-EMV.
