La Conselleria de Sanidad ya está trabajando en el informe económico que justificará que es más rentable hacer las resonancias desde lo público que mantener el servicio externalizado para poder internalizar el servicio.
Este es uno de los requisitos que el Consell Jurídic Consultiu ha incluido en su dictamen al respecto de la reversión de las resonancias (que siguen en manos privadas pese a la finalización del contrato) y que vuelve a abrir la puerta para que la Generalitat subrogue al personal que ahora está trabajando, además, con el «controvertido» modelo Alzira de la figura de personal laboral «a extinguir».
La consellera Ana Barceló aseguró ayer que ya estaban en ello y que, por supuesto, cumplimentarían «todas las exigencias que establece» el CJC entre ellas este informe. Aunque esté todavía por redactar, la administración no va a tener que ir muy lejos para encontrar las conclusiones que avalen su intención de justificar la rentabilidad del servicio internalizado: la Sindicatura de Comptes ha emitido en los últimos años hasta dos informes en los que así se establecía.
El primero, de 2013 con el Partido Popular todavía en el poder, desvelaba que el Consell se podía ahorrar entre 3 y 16,8 millones al año si asumía el trabajo que la UTE Erescanner (liderada por Eresa, Inscanner, Beanaca y Ribera Salud) hace todavía en diez hospitales públicos de toda la C. Valenciana. Desde Eresa, su gerente Marta Saus, criticó más tarde las inexactitudes «brutales» que contenía, a su juicio, este informe de la Sindicatura que sintieron como un ataque.
El Consell del Botànic se encontró el trabajo hecho con este informe para apuntalar su discurso de la legislatura de reducir la colaboración público-privada y aprovechar el pasado 2018 el fin del contrato de diez años por 497,1 millones de euros. Ya con Ximo Puig en el Consell, la Sindicatura de Comptes se reafirmó en lo dicho en 2013. En 2016, volvían a emitir otro informe ratificando lo dicho y criticando que Eresa hubiera alegado al primer informe «casi tres años después» y con interpretaciones «erróneas».
Con estos mimbres, han sido de hecho las cuestiones jurídicas sobre cómo subrogar al personal las que han retrasado el proceso y obligado a prorrogar hasta verano el contrato extinto hace casi cuatro meses.
Sobre la fórmula a elegir, la consellera pidió ayer «tiempo» ya que el CJC no solo «resucita» la fórmula usada en Alzira de personal laboral a extinguir sino que propone otras opciones como la creación de una empresa pública. Barceló avanzó ayer que se sentarán con la empresa y con el comité para «informarles y cambiar impresiones sobre el informe».En total, y según el Jurídic, la UTE o sus empresas participadas tiene contratadas de forma indefinida a 111 personas entre radiólogos, técnicos y auxiliares. Estos serían los «subrogables», trabajadores que deberían decidir si prefieren mantenerse en la privada o se quedan en sus puestos y pasan a depender de la administración. La pérdida de este contrato y el mordisco que supondrá en la actividad de las cuentas puede que incline la balanza hacia esta última opción aunque empresas como Eresa van a mantener algo del negocio público tras adjudicarse el grueso del nuevo contrato de resonancias que busca «suplementar» el trabajo al que la pública no llegue en los próximos dos años.
Si hay subrogación, la conselleria debería además mantenerles sus condiciones que, según el informe del CJC incluyen unos sueldos muy por encima de los de la pública.
