La Conselleria de Justicia deberá sacar a concurso público las obras de reforma de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que había adjudicado a la empresa pública Tragsa, sin mediar concurso. El Tribunal Central Administrativo ha admitido parcialmente el recurso presentado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), a instancias de la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana que (CCCV), para que se anulara esta adjudicación a Tragsa por ser contraria a la ley de contratos.
La Conselleria de Justicia sacó a concurso el «Servicio de Arquitectura e ingeniería por equipo facultativo para la redacción del proyecto y dirección de las obras de adecuación funcional del TSJCV», por 645.559, 20 euros, que quedó desierto el 13 de junio de 2018. La CNC presentó un recurso especial de contratación contra esta decisión, que no se admitió.
Dos meses después, el departamento que dirige Gabriela Bravo acordó adjudicar a la empresa pública Tragsa la redacción del proyecto de reforma del TSJCV aunque añadió la ejecución de las obras (en lugar de la dirección), que en este caso ascendían a 24.956. 366,89 euros. Justicia alegaba razones de «urgencia y seguridad» para recurrir a la empresa pública. La Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana advirtió por carta a la consellera, al conseller de Hacienda, Vicent Soler, y al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de la arbitrariedad de esta adjudicación. Por ello, los contratistas valencianos solicitaba que se revocara la decisión adjudicar a Tragsa las obras de reforma del TSJCV porque a pesar de que «ante la situación dramática» que sufre el sector «tras la caída del 80,79 % de la licitación en la última década», la Generalitat «está tomando decisiones en contra del sector privado de contratistas de obras para la administración pública al adjudicar obras a la empresa Tragsa, utilizándola de forma abusiva como medio propio de la administración, cuando el sector productivo privado está capacitado y puede realizar estas obras con suma eficacia y eficiencia», señalaban los contratistas en las misivas, adelantadas por Levante-EMV.
Finalmente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha fallado a favor de los contratistas y ha anulado la adjudicación de las obras del reforma del TSJCV a Tragsa por varios motivos. «Que la licitación previa para la adjudicación de un contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección de obras, no permite presumir que también haya de quedar desierta una posterior licitación con objeto más amplio e importe mayor al comprender la ejecución de las obras». El tribunal también rechaza las «razones de seguridad y urgencia» esgrimidas por Justicia porque «no se aprecian los motivos excepcionales de urgencia alegados en el recurso. No parece lógico que una obra supuestamente urgente se haya de ejecutar en tres años», advierte el tribunal. Y concluye, como defendían los Contratistas, que «el ámbito de actuación de Tragsa se circunscribe al mundo rural», por lo que no puede ejecutar obra urbanas como la reforma del TSJCV.
Tras conocer el fallo, la portavoz de Justicia del PP en las Corts, María José Ferrer San-Segundo, exigió a la consellera de Justicia que asuma responsabilidades «de inmediato», entre ellas la dimisión, ya que «el proceso seguido por Bravo en la contratación de una obra tan importante podía ser declarado ilegal era una evidencia para cualquier jurista con mínimo nivel de pericia».
La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, defiende que el contrato de obras de reforma del TSJCV «no es una adjudicación a dedo» y se tramitó según la Ley de Contratos. Y añade que «no se ha suspendido nada porque Tragsa tiene la tarea de redactar el proyecto, que contempla una restauración integral del edificio, y corresponde a la empresa recurrir o no la decisión del tribunal».
