La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas inclusivas, Mónica Oltra, denegó ayer el cierre cautelar del albergue de menores en la localidad de Alborache al remarcar que el centro se encuentra «absolutamente en una situación de legalidad». Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, después de que la alcaldesa de Alborache, Francisca Collado, solicitase en una resolución el cierre cautelar del centro de menores por carecer de licencia de actividad.
Collado señaló que esta resolución se notificó el miércoles y que consiste en un procedimiento administrativo para llevar a cabo un acto reglado: la concesión de la licencia a un albergue que lleva veinte años en funcionamiento y sin la que no se puede iniciar una actividad.
La alcaldesa indicó que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirige Oltra, dispone ahora de un plazo de quince días para pronunciarse, aunque ha precisado que tienen que interrumpir la actividad para poder solicitar la licencia.
«Hemos dado los pasos que marca la ley. Nosotros trabajaremos dentro de la legalidad, nunca utilizaremos a los menores, quienes tienen que estar en unas condiciones dignas, empezando por tener una licencia de actividad», manifestó Collado.
Por su parte, la vicepresidenta señaló que el Ayuntamiento de Alborache no puede decretar el cierre del centro, de la misma forma que al Ayuntamiento de València no se le ocurrió cerrar el hospital La Fe, pese a que le faltó durante muchos años la licencia de actividad.
Oltra explicó que en 2014 se produjo un cambio en la legislación sobre las licencias ambientales, pero en aquel momento no se hizo nada para adaptar a la ley las infraestructuras públicas, que en su mayoría no se han adaptado a esto y se hará «conforme a las posibilidades que se tengan».
La consellera explicó que el Instituto Valenciano de la Juventud ha puesto en marcha en toda su red de albergues juveniles un plan para acometer una serie de obras que permitan adaptar estas instalaciones a las nuevas exigencias de accesibilidad o eficiencia.
Mónica Oltra añadió que, una vez estén acabadas esas obras, toda la red de albergues juveniles del IVAJ y otras infraestructuras que se encuentran en esta situación, porque «así los recibieron del anterior Gobierno», se podrá adaptar a la normativa de 2014.
Según indicó, el plan de autoprotección y las medidas de seguridad «están garantizadas», ya que se acometieron para ello obras más pequeñas, y ha concluido: «Estamos absolutamente en una situación de legalidad, porque la norma es posterior al funcionamiento de una instalación que lleva 40 años funcionando».
