Colombia es uno de los países más peligrosos para quienes ejercen el periodismo. De hecho, desde 1977 la Fundación para la Libertad de Prensa registró el asesinato de 142 periodistas. Otros consiguen huir después de haber visto a familiares y amigos a cuatro metros bajo tierra. Le ocurrió a Gustavo Vélez (prefiere preservar su seguridad y la de sus seres queridos con un nombre ficticio). Colombiano, ahora afincado en València, y a la espera de la tramitación de su petición de asilo desde hace cuatro meses, a un paso de dormir en la calle.
Fundador de un periódico local, Gustavo se dedicó a desvelar los trapos sucios del Gobierno, las FARC y los paramilitares. «La violación de derechos humanos es mundial y nosotros teníamos el deber de ejercer el cuarto poder del periodismo al margen de intereses políticos y gobernantes», denuncia Gustavo.
Las amenazas de muerte eran constantes. Hasta su casa llegaron varias cartas que, con letras recortadas de su propio periódico, le instaba a cejar en su trabajo periodístico. La alternativa sería su desaparición. «Nos persiguieron durante años para vernos en la calle poco a poco», denuncia.
Con un niño pequeño, Gustavo y su mujer denunciaron ante la Fiscalía las continuas amenazas que hicieron de su día a día un auténtico vía crucis. Su intención era acogerse a la ley de protección de víctimas del conflicto armado colombiano. Sin embargo, su petición nunca fue tramitada. Después de años de desplazamiento forzoso por el territorio colombiano, y pese a tratarse de un delito de lesa humanidad, el Estado les comunicó que los hechos que denunciaba habían prescrito.
Acosados por la pobreza, los homicidios y el olvido estatal, decidieron dejar de intentar reiniciar su vida en el que fue su país y poner tierra de por medio. Su primer destino fue Argentina, gracias a la ayuda de un programa de acogida. Allí varias entidades eclesiásticas les prometieron agilizar los trámites del visado para llegar a España. La promesa, no obstante, quedó en «en el sueño de los justos». Frustrados por la falta de ayudas («nos sentíamos como en alta mar, chapoteando por tratar de sobrevivir», relata), no tuvieron más remedio que volver forzosamente al lugar en el que ponían, de nuevo, su vida en peligro. Allí residieron durante ocho años, renunciando primero al periodismo. «Nos dimos cuenta de que nos estábamos poniendo en peligro y que, pese a todo, no habíamos conseguido mejorar nada», indica Gustavo. Después, su vocación fue más fuerte que el miedo y volvieron al ruedo, (a pesar de las amenazas) pero la situación se volvió insostenible y huyeron definitivamente. En octubre consiguieron llegar a València, donde reside la cuñada de Gustavo.
«Iba a ser temporal, ella no tiene ingresos suficientes para mantenernos a los dos y creíamos que la situación se resolvería en menos de un mes», reconoce. No obstante, el actual colapso en la tramitación de solicitudes de asilo en España les pilló por sorpresa. Desde entonces ya han acudido a dos entrevistas para solicitar el asilo. «Dos de ellas idénticas y sin ningún avance», lamenta Gustavo ya angustiado por las continuas trabas a las que se han ido enfrentando durante veinte años. «Las condiciones en las que hay que pedir el asilo tampoco son las mejores: colas de más de cuatro horas, a la intemperie llueva o nieve, con niños pequeños o mujeres embarazadas...», explica Gustavo, «dos colas como esas solo para que te den un papel en el que figura que quieres acogerte al asilo».
Y es que hasta junio no se realizará la entrevista definitiva. Después, su expediente pasará a formar parte del largo proceso de tramitación con el que será aceptada (o no) su solicitud de acogida. «Un proceso que no existe en otros países, como Argentina», indica Gustavo, «donde durante el tiempo que tramitan la solicitud te incluyen dentro del programa de acogida para evitar que, como acurre aquí, seas solicitante de asilo y vivas en la calle».
