La escasez de plazas para atender a las personas en situación de dependencia en la Comunitat Valenciana no está siendo tratada con la atención necesaria. Habría que poner miles de plazas en marcha para alcanzar la media española y poder atender a personas mayores, con discapacidad, con trastorno mental grave o mujeres víctimas de violencia de género. Son muchas. Son tantas que sin la cooperación real y leal entre la Administración, las entidades mercantiles y el tercer sector será imposible dar respuesta a las necesidades a corto plazo.
La nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos, publicada el pasado jueves, intenta establecer un sistema de servicios sociales que dé respuesta a los problemas de la sociedad valenciana y reconoce, por fin, como un derecho subjetivo la atención del mismo. Son avances evidentes sobre la situación actual. Al mismo tiempo, la Consellería ha mejorado los periodos de pago a personas en situación de dependencia y está resolviendo más expedientes que nunca.
Pero esta sólo es la primera parte del trabajo. Una persona, con su derecho reconocido, tiene que contar con los centros y servicios para poder ser atendida. El número de plazas en la Comunitat Valenciana es muy escaso, de hecho, hay muchas residencias y centros de día con las plazas llenas y con listas de espera.Parece que esa sería el entorno ideal para una empresa de cualquier sector, poca oferta y mucha demanda, sin embargo las empresas que trabajan en servicios sociales suelen tener una visión más amplia.
Junto a la necesidad de sostenibilidad económica, cumplen una función social y de responsabilidad con nuestro entorno por lo que preocupa mucho la situación que puede producirse en la Comunitat Valenciana. Podemos encontrarnos con un número muy elevado de personas con derecho a ser atendidos y que no haya servicios donde hacerlo. Para dar solución a esta situación necesitamos una colaboración leal, clara y justa entre la iniciativa pública y la privada que fomente la inversión en la generación de nuevas plazas. La Generalitat Valenciana está en una situación económica en la que es imposible que pueda llevar a cabo las inversiones necesarias y el tercer sector no suele tener tampoco capacidad para ello.
El fomento del Concierto Social, la apuesta por el cuidador no profesional en las prestaciones económicas y las constantes preferencias en la nueva Ley al trabajo de las entidades sin ánimo de lucro no van en esa dirección.
La cooperación pública privada es imprescindible
El estado de bienestar actual sería insostenible sin la participación de entidades privadas en colaboración con las administraciones públicas. Esta colaboración debe estar basada en una complementariedad de los objetivos y de los valores de ambas partes.
Pero para ello es necesaria una buena planificación de los servicios que pretenden ofrecerse a la sociedad y un adecuado seguimiento de la calidad del servicio ofrecido. La evaluación objetiva del desarrollo de la actividad permitirá establecer puntos fuertes y de mejora para seguir trabajando por una atención excelente a las personas en situación de dependencia.
