La Fiscalía Provincial de València ha archivado la denuncia presentada por hasta seis sindicatos del cuerpo de agentes medioambientales de la Comunitat Valenciana contra la consellera de Agricultura y Medi Ambient, Elena Cebrián, a la que acusaban «de poner en peligro la vida de los trabajadores», por incumplir la ley de prevención de riesgos laborales. Delito que también imputaban al subsecretario José Manuel Bernal Giménez, pero que el fiscal delegado y decano de Siniestrabilidad Laboral rechaza.

«De la documentación aportada es evidente que no se puede, indiciariamente deducir la existencia de ninguna infracción de materia laboral que ponga en peligro grave la vida, salud o integridad de los trabajadores, ni existe acta levantada por la Inspección de Trabajo por estos hechos, ni se ha agotado la vía administrativa como paso previo a la jurisdicción contenciosa-administrativa», señala en su propuesta de archivo de las diligencias de investigación penal. «No se ha acreditado ninguna actividad que invidualizadamente se pueda objetivar que no ha evaluado el trabajo y que éste suponga un riesgo grave para el colectivo, sin que la esfera penal sea la adecuada para la resolución de conflictos del colectivo que representan los denunciantes», reitera.

Los sindicatos STAS, CCOO, UGT, CSIF, CGT y USO planteaban «la presunta comisión de hasta tres delitos». El primero contra los derechos de los trabajadores, el segundo contra la Administración pública y el tercero contra la integridad moral, que se resumen en que se les obliga «a conducir en condiciones especiales sin la preceptiva evaluación de riesgos». Según los representantes sindicales, a los 264 funcionarios se les impide trabajar con garantías legales en materia de seguridad y salud laboral. Así, pedían a la Fiscalía que compruebe los hechos denunciados «y realice las actuaciones oportunas para que cese inmediatamente la práctica temeraria a que obligan a los agentes medioambientales». Tal como publicaba Levante-EMV, uno de cada cinco agentes medioambientales no sale al monte a patrullar desde el pasado mes de julio y se queda en las oficinas al no reconocerles la conducción en condiciones especiales sin la preceptiva evaluación de riesgos».