La valenciana fue la sexta comunidad autónoma donde más creció el gasto público destinado a la educación concertada en 2017. El importe se incrementó un 2,5%, un porcentaje solo superado en Galicia -donde aumentó un 6,1%-, Baleares (4,7 %), Andalucía (4,4%), Cataluña (3,2 %) y Castilla y León (2,8 %).

En la Comunitat Valenciana, las subvenciones públicas a centros concertados alcanzaron los 694.911 euros en 2017, frente a los 677.783 de 2016. Este gasto ha subido en todas las comunidades autónomas excepto en Aragón, Castilla y León, Murcia y País Vasco, donde ha disminuido, y en Canarias, donde se ha mantenido la inversión para estos centros que reciben en total en España más de 6.000 millones de euros. En concreto, el importe para centros concertados y subvenciones a centros de titularidad privada en 2017 ascendió a 6.179,4 millones de euros, lo que supone un 2,0 % más que en 2016 (6.056,3 millones). Son datos de la «Estadística del gasto público en educación. Resultados provisionales del año 2017», publicada por el departamento que dirige la ministra Isabel Celaá.

Por otra parte, el gasto público para el conjunto de las administraciones públicas educativas y universidades públicas en 2017 fue de 49.424,7 millones de euros, cifra que supone un aumento en relación al año 2016 del 3,9 %. Las transferencias corrientes a los conciertos y subvenciones a centros de titularidad privada supusieron hace dos años el 12,5 % del reparto presupuestario. Galicia, Baleares y Andalucía son las comunidades en las que más subió el gasto público para la educación concertada entre 2016 y 2017, mientras que el incremento menor se produjo en Navarra (un 0,5 %).

Esta estadística coincide en el tiempo con la aprobación del proyecto de ley del Gobierno sobre Educación, en el que se elimina el término «demanda social» para abrir nuevos centros concertados. Por otra parte, el gasto público en educación en relación con el PIB fue del 4,24 % en 2017, por debajo del año anterior (4,25 %), el dato más bajo desde 2010, cuando ascendió al 4,91 %. Se trata de un porcentaje alejado de la media de los países de la OCDE, el 5,1 %.

Un porcentaje, el del 5 %, deseable para España y al que se suelen referir los distintos portavoces de los partidos en el Congreso.