Los trabajadores de Eresa, empresa que se encarga de las resonancias y TAC en el Hospital General de València han instado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a intervenir y paralizar el despido de siete profesionales ordenado por la gerencia del hospital y que se ejecutará este mismo viernes. El consorcio, tal como contó Levante-EMV en exclusiva el pasado sábado, ha dado orden a la firma de iniciar el día 1 el desmontaje de una de las resonancias tras acabarse el contrato que mantenían, orden que lleva aparejada el despido de siete personas, suerte que en principio correrían también los toros 18 profesionales que trabajan ahora en el General.

El comité de empresa de la firma ha convocado esta mañana a los medios de comunicación para hacer este llamamiento de intercesión a la consellera acogiéndose, sobre todo, al «peligro» que puede suponer para los pacientes que el Hospital General internalice el servicio de diagnóstico por imagen sin quedarse, como se está negociando con la UTE Erescanner en otros 10 hospitales públicos, con los trabajadores de la privada y aprovecharse así de su experiencia.

«Es un peligro que priorice un titular preelectoral de reversión frente a la auténtica necesidad de atención al paciente y listas de espera. La gente de Eresa que se va a la calle en el Hospital General llevan veinte años de media trabajando. Si vas al hospital, ¿quién prefieres que vea tu TAC, esa persona o una que ha entrado por bolsa que tiene la formación pero no la experiencia?», ha ejemplificado esta mañana Joaquín Bosque, enfermero y presidente del comité de empresa de Eresa.

El objetivo del personal es que se paralice el despido y que Sanidad interceda para aplicar «la misma coherencia» con la que se está llevando la internalización de las resonancias en el resto de hospitales, donde sí habrá subrogación del personal o, al menos, que se pida un «estudio jurídico similar» para el caso del Hospital General.

El General se retracta de su decisión de subrogar

De hecho, y según han recordado los trabajadores, el propio Consejo de Gobierno del Hospital General aprobó el octubre pasado la subrogación del personal y se pidió, de hecho, un listado a la empresa de las personas con contrato fijo y sus condiciones laborales. Sin embargo, el pasado 14 de febrero, el consorcio notificó que no habría tal subrogación de los trabajadores porque, jurídicamente no puede haber sucesión de empresas al prever los contratos la retirada de las máquinas por la empresa. El General podría seguir, sin embargo, dando el servicio, gracias a las tres resonancias compradas gracias a la donación de Amancio Ortega. Además, se ha pedido ya la creación de nuevas plazas públicas para cubrirlas por bolsa, paso que según el comité de empresa «ya está dado».

Denuncias para forzar la subrogación

«La empresa ha pedido fórmulas legales para hacer esa cesión pero no han recibido respuesta», ha apuntado Bosque que asegura que los trabajadores denunciarían a los tribunales para «forzar» esa subrogación. «Sabemos que hay sentencias a favor y en contra y en la última reunión con el diretor de Recursos Humanos del General tienen asumido que pueden perder en tribunales, pero no les importa».

«Estamos a tiempo de evitarlo», ha dicho Bosque que ha criticado también el «caos» de los últimos meses en el Hospital General fijando y retirando varias veces las órdenes de retirada de las máquinas y retractándose ahora del acuerdo de subrogación.

«Nos han hecho creer que se iba a subrogar la plantilla. Una vez han tenido las máquinas de Amancio Ortega se han retractado demostrando deslealtad hacia los trabajadores y ahora nos encontramos con la paradoja de que el éxito de la reversión depende de unos trabajadores de Eresa que saben que se van a la calle. ¿Con qué estómago van a ir a trabajar?».