Las 350.000 viviendas ilegales que la Conselleria de Territorio calcula que existen en la Comunitat Valenciana tienen un año para acogerse a una «amnistía» para poder legalizar su situación, a cambio de minimizar su impacto ambiental. La medida ha entrado en vigor tras la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) el pasado 5 de febrero de la modificación de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (Lotup) de 2014. Y fue desgranada ayer por el secretario autonómico Lluís Ferrando de la Conselleria de Vertebración del Territorio en una jornada monográfica para funcionarios, organizada junto a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), que abarrotaron el salón de actos de la Ciutat de la Justicia.
Territorio ofrece la zanahoria de la legalización a las viviendas ilegales (que son legión en poblaciones como la Marjaleria de Castelló, Barx, Llíria, Ontinyent, Villalonga, Marxuquera, Dénia, Xàbia, Catral entre otras muchas) a cambio de unos requisitos mínimos: garantizar el acceso rodado, la recogida de residuos y la depuración de aguas residuales.
Sólo podrán acogerse las viviendas ilegales anteriores a 2014 (el año en que la Lotup original fue aprobada por la anterior consellera de Territorio, Isabel Bonig). Esta amnistía tampoco afecta a las viviendas pendientes de derribo por sentencia judicial. «Aunque el ayuntamiento afectado podría pedir la ejecución de sentencia mediante la minimización de impactos», según explicaron los responsables de Territorio. Mientras dure la amnistía anual también quedan suspendidas el pago de multas, siempre que se inicie el expediente municipal para minimizar el impacto de las viviendas construidas «fuera de ordenación» o consolidadas, los eufemismos utilizados para denominar a las casas ilegales.
Para facilitar que los propietarios ejecuten las obras, se preven preceptos en la nueva Lotup como que las cuotas de urbanización (si se realiza un plan que afecte a varias viviendas o una urbanización) las abonen los edificios preexistentes y sólo «por las mejoras efectivos de los servicios». Los solares podrán esperar a «cuando la urbanización esté acabada». También se prevé un artículo en la Lotup que regula las «situaciones individuales de saneamiento» en los casos de viviendas aisladas cuando «la construcción de un colector es inviable» que permitirá «hacer obras puntuales e individuales en lugar de obras conjuntas de difícil cumplimiento», explicó el secretario autonómico de Vertebración del Territorio, Lluís Ferrando, quien defiende que «la ley apuesta con valentía por «minimizar el impacto ambiental, causar los menores problemas» e intentar resolver una problemática que se arrastra décadas y que ningún ejecutivo autonómico ha logrado solventar.
Los planes y situaciones de minimización de impacto no podrán aprobarse hasta que esté en funcionamiento la nueva Agencia de protección del territorio a la que los ayuntamientos podrán ceder las competencias para perseguir las ilegalidades urbanísticas.
