La justicia tiene nombre de mujer - literalmente- en la C. Valenciana. Ayer, un diálogo a cinco bandas entre mujeres que copan, a día de hoy, la primera línea de la justicia dejó claras dos cosas: la primera, que la C. Valenciana es la primera autonomía en España donde sus máximos órganos judiciales están presididos por mujeres. La segunda, que no son suficientes, menos aún cuando de las facultades de Derecho salen más mujeres graduadas que hombres. Eso ahora podría cambiar.
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela Bravo, apostó ayer por introducir «medidas correctoras» en la Justicia, un área donde históricamente han predominado los hombres, que permitan a las mujeres acceder a puestos de dirección. Según defendió, «tradicionalmente» ha habido reticencias para que ocuparan estos cargos. Por ello, Bravo deslizó que habría que implantar «políticas de nombramiento, de promoción profesional o de selección de profesores en la escuela judicial» que beneficie la representación de mujeres en los órganos judiciales.
«Tenemos que ser valientes y combativas, no podemos ser inconformistas», señaló la consellera, para quien la aplicación de la Ley de Igualdad ha sido insuficiente a juzgar por los datos que arroja, donde no se cumple la paridad en los órganos directivos. La norma, vigente desde hace una década, ha sido insuficiente para la titular de Justicia porque no ha puesto en marcha los mecanismos que eliminen los obstáculos para que las mujeres accedan a los puestos de decisión y responsabilidad en Justicia.
Por ello, el acto «Mujeres transformando la Justicia» trató ayer de visibilizar que es posible llegar a lo más alto. La conselleria reunió a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Pilar de la Oliva, la fiscal superior del TSJCV, Teresa Gisbert, la secretaria de gobierno del mismo órgano, Gloria Herráez y la decana del Colegio de Abogados de València, Auxiliadora Borja. Junto a ellas, entre el público, la decana del Colegio de Procuradores de València, Laura Oliver, y Maria Emilia Adán, decana del Colegio de Registradores de la Propiedad de València.
Un diálogo moderado por la directora de Levante-EMV, Lydia del Canto, y el de Las Provincias, Julián Quirós. Las cinco participantes coincidieron al recordar, con anécdotas, cómo se les cuestionó por ser mujeres y cómo en la carrera judicial, en la fiscal y en la abogacía tuvieron que superar la falta de credibilidad a la que las sometían.
Gisbert apuntó que ya no es una cuestión de conciliar, sino de implantar una verdadera corresponsabilidad entre mujeres y hombres, quienes, a juicio de Gisbert, siguen teniendo más oportunidades de promocionar, mientras las mujeres se toman excedencias por maternidad. «Tiene que haber un cambio», señaló. De la Oliva añadió que el sistema de méritos para ascender en la carrera judicial tampoco favorece a la mujer, que habitualmente carga con la responsabilidad doméstica. «No hay que despreciar los méritos, pero ¿llevar bien un juzgado no es suficiente?».
Aún así, cree que el sistema de concurso-oposición favorece a la mujer porque habitualmente son mejores estudiantes. Sin embargo, Borja explicó que en la abogacía hay una alta presencia de mujeres hasta los 40 años, pero a partir de los 55 los hombres las triplican.
Más margen de maniobra
La consellera lamentó que la modernización de la Justicia no depende de una única cartera, sino que viene determinada por la confluencia de varias administraciones. Por un lado, la fiscalía depende del Estado y las comunidades autónomas «pintamos a la hora de pagar», dijo, «pero con poca capacidad para decidir en cuestiones de personal» porque también dependen del Gobierno Central.
Para Bravo es necesaria una profunda reforma de la Administración de Justicia porque «no tenemos competencia exclusiva, pero sí liderazgo suficiente para liderar este proceso e instar a las reformas». Hasta entonces, según la consellera, por mucho que el Consell invierta, «nunca va a ser suficiente».
