Profesores y enfermeros han presentado sendos recursos jurídicos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat contra las Conselleries de Sanidad y de Educación por hacer recaer sobre los maestros la responsabilidad de medicar durante todo el curso a alumnos con enfermedades crónicas.
Ya lo advirtieron en su día los directores de los institutos de Secundaria, a raiz de la delicada situación que vivió uno de ellos al verse obligado a inyectar, sin previos conocimientos, a un alumno que presentó problema añadidos en clase. El presidente del colectivo, Toni González Picornell, alertó de que no podían hacerse cargo de estas situaciones tal y como contempla el protocolo sanitario escolar, porque podía peligrar la vida de un niño en un momento determinado.
Aquello sucedió con la normativa en la mano aprobada el año 2017, y las tres formaciones sindicales docentes que integraban la mesa de negociación con Educación coincidieron en reclamar profesionales especialistas en los centros educativos para llevar a cabo las tareas de administrar medicamentos a los alumnos, por entender que la función corresponde al personal sanitario y no al docente.
Ahora, el Colegio Oficial de Enfermería ha decidido ir más allá y ha presentado un recurso jurídico contra el citado protocolo, al igual que los sindicatos Anpe de profesores y Satse de enfermeros.
Los representantes del colectivo sanitario señalan, entre los fundamentos de derecho de su demanda jurídica, que las instrucciones de 2018 sobre la actuación sanitaria de los profesores en las aulas, que han vuelto a aprobar ambas consellerias en la misma línea que las de 2017, «pueden tener gravísimas repercusiones prácticas al afectar a la atención sanitaria de los alumnos de todos los centros públicas, así como a la responsabilidad y funciones del profesorado».
El deber de socorro
Ambos recursos exponen que en ningún momento se están refiriendo a la asistencia de una urgencia sanitaria puntual en el aula, «que como cualquier ciudadano se va a prestar, por el deber de socorro», sino a la atención a los alumnos «con problemas de salud crónica y las complicaciones que por esa razón se pueden producir durante la jornada lectiva».
El presidente autonómico del sindicato Anpe, Laureano Bárcena, concreta que «ni para el alumno es la mejor atención ni al docente el compete esa reponsabilidad. Los responsables del Consell dan por arreglado el asunto con un protocolo, pero no lo soluciona. Estos alumnos deben ser controlados y suministrarles el medicamento que corresponde por profesionales sanitarios porque en el aula se puede saber qué necesitan pero falta sabe cómo y esa no es su competencia».
Estos representantes docentes buscan con al presentación del recurso citado «ir a mayores y que ambas consellerias, la de Sanidad y la de Educación, contraten un enfermero escolar por centro educativo sin dejar cuestiones tan vitales al arbitrio de cualquiera».
