Los trabajadores sanitarios privados que atienden a pacientes de la pública a través de entidades concertadas (como sucede actualmente con las resonancias o el servicio de hemodiálisis ambulatoria) podrán volver a sumar puntos en la bolsa de trabajo temporal de la Conselleria de Sanidad por este tiempo trabajado después de 10 años. Este colectivo de trabajadores vuelve a recuperar un derecho que tenían en 1994 pero que se perdió con la nueva normativa de bolsa de 2009.
Desde entonces, han sido varias las iniciativas que han puesto en marcha como impugnaciones de las sucesivas convocatorias de bolsas de la Conselleria de Sanidad e incluso denuncias ante los juzgados para reclamar lo que consideraban justo: a mismo trabajo, misma valoración.
La modificación está incluida en la nueva orden de bolsa temporal pactada entre los sindicatos y la Conselleria de Sanidad en mesa sectorial y que aún está pendiente de entrar en vigor. La «alegría» para los trabajadores de estos ámbitos no será, sin embargo, completa. La Generalitat les contará ese tiempo trabajado pero este mérito no computará con los mismo puntos que si fueran trabajadores públicos: al igual que en 1994 los empleados públicos sumarán a partir de ahora 0,30 puntos por mes trabajado mientras que los de la concertada sumarán 0,10 puntos.
Esta diferencia de baremación choca de frente, sin embargo, con la última sentencia en contra que ha recibido la Conselleria de Sanidad y que obligaba a la administración a baremar a dos radiólogas de Eresa -trabajadoras del Hospital General- como si hubieran sido empleadas públicas por el tiempo trabajado en el centro, además, «en igualdad de condiciones».
Esta nueva baremación de méritos para trabajadores privados (también se sumarán puntos por los servicios prestados en hospitales militares, instituciones penitenciarias, instituciones públicas de carácter sociosanitario o mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) podría «resolver» parcialmente la situación a la que se van a ver abocados los 25 trabajadores de Eresa del Hospital General y que no serán subrogados finalmente por el centro al no existir, en principio, sucesión de empresas.
Tal como recordaron desde el comité de empresa, pese a la experiencia acumulada en diagnóstico por imagen -«veinte años de media»-, los empleados que dejan de trabajar en el hospital «no puntúan nada en las bolsas de Sanidad» por lo que no tiene opciones «reales» de ocupar alguna de las nuevas plazas que creará la administración tras internalizar el servicio en el General y en otros 10 hospitales. «Solo con que alguien recién titulado tenga un verano trabajado tienen más posibilidades que nosotros», explicaron.
La diálisis, en los tribunales
Por otra parte, los casi 400 trabajadores del servicio de diálisis ambulatoria (también externalizado a través de conciertos) habían iniciado acciones legales para pedir, precisamente, que se tuviera en cuenta el tiempo trabajado. «Los trabajadores del sector público que optan a una plaza fija y los de la concertada tienen la misma titulación y realizan el mismo trabajo. Por tanto, no baremarlos igual es discriminatorio y vulnera el principio de igualdad que establece la Constitución», ha asegurado su abogado Manuel Del Hierro. La nueva orden incluye otras novedades como la desaparición del denominado «bolsín», la bolsa alternativa para hacer contrataciones rápidas de menos de un mes y que había degenerado hasta convertirse en un auténtico coladero de contratos a dedo. En su lugar, Sanidad da la opción a la hora de inscribirse de seleccionar nombramientos de corta duración (que no excedan los cinco días) o a tiempo parcial. Además, se da la posibilidad de inscribirse en listas de reserva. La orden modifica además el baremo de méritos y otorga mayor puntuación a la nota de oposición y la formación especializada vía residencia.
