¿Se orquestó desde el Ministerio de Medio Ambiente una campaña de financiación ilegal del PSOE a través de Acuamed?
En absoluto. No. Lo niego rotundamente. Comprendo que el PP tenga interés en trasladar esa idea? Pero lo que hubo durante mi etapa de ministra fue la necesaria respuesta a una campaña de intoxicación de la opinión pública sobre el agua desalada que llevó a que la empresa pública Acuamed y las empresas del sector llevaran a cabo campañas de comunicación e información, porque era tal la descalificación que se hacía y las falsedades que se decían sobre el agua desalada que empresas españolas, algunas muy importantes que construían desaladoras fuera de España, veían un riesgo en su reputación y la consideración de esta tecnología donde eran punteras. Porque lo que sucedía en la Comunitat Valenciana y en la Región de Murcia era que la mayoría de las plantas programadas sufrieron retrasos injustificables. En la planta de Torrevieja tuve que pedir amparo al Tribunal Constitucional, porque siendo una obra de interés general el alcalde y la Generalitat querían impedir que empezara la obra. Hubo obstáculos y amenazas por parte de Camps a los empresarios, rectores de universidades y agricultores para que no se reunieran conmigo o, si lo hacían, atacaran al Gobierno. Tuve ocasión de decírselo a Camps cuando le visité por la tarde. Y le dije exactamente que creía que lo que estaba haciendo era lo más parecido a una actitud fascista, de amenaza y manipulación de personas que dependían de la Generalitat Valenciana.
¿Y qué le respondió Camps?
Se puso rojo y y me dijo que podía venir a València todas las veces que quisiera. Y le contesté que por supuesto que pensaba venir, porque no necesitaba su permiso. Porque el Gobierno de España invertía en Valencia y yo vendría muchas veces, como vine. Aquí y a Murcia.
¿Y esa campaña de desprestigio justifica que se gastaran 7,4 millones de euros en publicidad sobre desaladoras?
En ese momento se invertían alrededor de 3.000 millones de euros en obras en 2006, 2007 y 2008. En cualquier empresa pública o privada la proporción que existe entre la inversión y las campañas de comunicación no es demasiado diferente. El que hubiera elecciones en esa fecha, que es el elemento que una y otra vez se pretende usar para intentar desacreditar lo que hacía el ministerio, fue una coincidencia. Esas campañas de comunicación estaban motivadas para hacer frente a un consejero como [Esteban] González Pons que decía que «las plantas desaladoras eran las centrales nucleares del mar» o las amenazas a los regantes para que no firmaran convenios o los obstáculos de todo tipo que retrasaron la realización del programa Agua. Nada que ver con que hubiera elecciones, sino con un volumen de inversión impresionante que tenía el visto bueno de la Unión Europea, cosa que nunca tuvo el trasvase del Ebro.
Acuamed recurrió a contratos paripé: tres empresas del mismo grupo concurrían a un concurso. Victoria asegurada.
En una sociedad estatal como Acuamed había mecanismos de control en tiempo real de los contratos que se firmaban. El consejo de administración de Acuamed tiene como secretario del consejo a un abogado del Estado. Y la comisión de auditoría tiene abogados del Estado y representantes de la Intervención General del Estado. Por eso, en la medida que existían esos controles, cuando se me ha preguntado si conocía de alguna irregularidad yo sólo me puedo remitir a que entiendo que tales controles funcionaban. Desde luego, lo que yo no podía era supervisar la Intervención General del Estado. Era más bien lo contrario. Yo no he tenido conocimiento de que hubiera habido ningún tipo de irregularidad administrativa. Es lo único que puedo decir.
También se detectó que hubo fraccionamiento en la contratación de las campañas de comunicación de las desaladoras de Dénia y Torrevieja.
Sé que en ese caso el objeto de los contratos no era exactamente el mismo. Aunque lo he sabido mucho después, porque ni siquiera conocía a la empresa [Crespo Gomar SL] que ha aparecido en el horizonte, para mi, de manera muy reciente. Yo no la conocía y las personas que estaban en Acuamed, cuando esto salió a la opinión pública, me dijeron que había contratos que en un caso eran para la campaña de publicidad y en otro para el alquiler de un local para encuentros con personas interesadas. Es la única explicación que conozco de esos contratos. Puede haber irregularidades administrativas, que yo no he conocido y que han pasado sin que fueran detectadas o cuestionadas por organismos de control.
Algunas desaladoras años después siguen sin funcionar.
Y afortunadamente algunas, a pesar de todo, han llegado a funcionar. El año pasado hubo un episodio de sequía, que impidió durante once meses un trasvase de la cuenca del Tajo al Segura. Y se atendió el suministro para uso urbano y regadío en 220 hectómetros cúbicos de las plantas que sí funcionan. Así que menos mal, a pesar de todo, y con muchas dificultades a lo largo de estos años se ha podido llegar a utilizar una parte del programa Agua en las desaladoras. Es lamentable y es una extraordinaria irresponsabilidad que se haya hecho el esfuerzo para que otras plantas no lleguen a funcionar o, como en el caso de Torrevieja, se retrasara la dimensión que la planta tenía inicialmente.
¿Qué opina sobre el adelanto electoral valenciano?
Ximo Puig tiene toda la competencia para hacerlo y desde la ejecutiva federal no tenemos absolutamente nada que decir respecto de algo que es competencia exclusiva del presidente de la Generalitat. Creo que lo fundamental es que los candidatos autonómicos, locales, europeos y al Parlamento nacional tengamos todos mensajes alineados. Una de mis tareas ha sido elaborar el programa marco para las elecciones autonómicas, locales, europeas y generales. Pero sí quiero decir que me siento especialmente satisfecha y orgullosa del trabajo que ha hecho el partido socialista con el apoyo de Compromís, porque muchas cosas han cambiado en la Comunitat Valenciana para bien.
