Los funcionarios promocionados durante la legislatura del Botànic tienen blindado el grueso de su salario a pesar de que cesen en su puesto como consecuencia de un nuevo Gobierno. Es la prerrogativa que el personal nombrado por libre designación obtuvo en la etapa de Gobierno del PP y que, a pesar de las críticas que en su momento generó en la izquierda, tendrán también los altos funcionarios que han trabajado bajo las órdenes del bipartito. Así, gobierne quien gobierne tras las elecciones del 28 de abril, el futuro salarial de ese colectivo está a salvo si ha permanecido dos años en la plaza.
El blindaje salarial quedó sancionado en 1999 en el decreto de provisión y selección de puestos de trabajo. Según este decreto, la Generalitat estaba obligada a garantizar a los altos funcionarios que cesaban en su puesto de libre designación una plaza de idéntico nivel competencial a la que dejaban. En todo caso, estas personas, al magen del puesto que acabaran ocupando, tenían derecho a cobrar al menos el 80% del complemento especifico del que habían disfrutado durante el ascenso. La regulació, polémica en su día, se mantuvo en el decreto aprobado por el Consell del Botànico. El redactado fue diferente ya que elimina la alusión específica al complemento de destino, pero blinda el nivel competencial (complemento de destino) que en ningún caso podrás ser inferior en dos niveles. La conclusión y a efectos prácticos es que el personal cesado garantiza el grueso del salario mejorado por la promoción aunque acabe en un puesto muy inferior. Además, el nuevo decreto mejora aún más la situación de quienes puedan ser apartados en un futuro de sus puestos de jefatura ya que tendrán durante un mes derecho a cobrar el salario completo, al margen de su nuevo destino.
Fuentes sindicales indicaron que tanto el Gobierno popular como el actual se vio empujado a incluir esta protección para evitar sentencias que altos funcionarios removidos ganaron en los tribunales cuando fueron desplazados de la cúpula administrativa con la llegada del PP a la Generalitat.
Otras fuentes, sin embargo, indican que el asunto fue abordado en los inicios del Botànic e incluso se planteó la posibilidad de eliminar una disposición que choca con el principio de «a igual trabajo, igual salario». Según estas fuentes conocedoras de esta reunión, los nuevos gestores decidieron no hacerlo para evitar que fuera un obstáculo para contar con su propio personal de confianza. También afecta a funcionarios que ejercen como directores generales. En la actualidad, y tal como ocurría con el PP, la plantilla de altos funcionarios supera las 700 personas, puestos que el Botànic ha ido nombrando por libre designación.
