La diputada de Compromís Isaura Navarro ha mostrado este martes la satisfacción de su grupo después de que el Tribunal de Cuentas haya admitido a trámite su denuncia, presentada el pasado 11 de diciembre de 2018, con la que ponía en conocimiento de la justicia el pago de la Generalitat, sin respaldo legal, de 26 millones de euros a Ribera Salud en 2002 en concepto de lucro cesante de la empresa que gestionaba el Área de Salud de la Ribera.
Según ha explicado Navarro "desde Compromís continuamos con nuestra tarea de intentar recuperar el dinero dilapidado por los gobiernos del Partido Popular y en ese sentido denunciamos al Tribunal de Cuentas el hecho de que la Generalitat abonara a la empresa Ribera Salud 26 millones de euros en concepto de lucro cesante sin base ni en el contrato de concesión, ni en ningún otro documento, ni constar en el expediente ninguna petición al respecto por parte de la empresa".
Como se explica desde Compromís el informe que hizo la Sindicatura de Cuentas en 2015 sobre las privatizaciones de áreas de salud en la época del PP detalla que nunca, en ningún lugar, se había recogido esa obligación de la Generalitat hacia Ribera Salud y por lo tanto ese pago no tiene ningún sustento legal.
Isaura Navarro asegura que el objetivo final de esta denuncia es que el Tribunal de Cuentas inicie una investigación para depurar responsabilidades contables y finalmente condene a los responsables de que 26 millones de euros salieran de las arcas públicas sin ninguna justificación a que reintegran esa cantidad a la Generalitat.
Por su parte, Ribera Salud ha asegurado que "nunca" recibió un pago de 26 millones de euros por lucro cesante en 2002 por parte de la Generalitat Valenciana, entonces presidida por el PP, y que el Consell "obtuvo tres millones de euros" por esta operación.
Así lo ha afirmado en un comunicado después de que el Tribunal de Cuentas haya admitido a trámite una denuncia de Compromís por un pago de 26 millones a Ribera Salud en 2002, como ha revelado este martes la diputada de la coalición Isaura Navarro.
Según la denuncia, el contrato entre Sanidad y Ribera Salud se formalizó el 19 de julio de 1997, pero en diciembre de 2002 el entonces conseller lo resolvió por mutuo acuerdo, sin constar ningún acta o documento relativo a las conversaciones previas. El motivo fue licitar otro contrato para ampliar el objeto del anterior a la Atención Primaria en el área de salud e incrementar "sustancialmente" el pago per capita a la nueva concesionaria, de nuevo Ribera Salud, que fue la única aspirante.
Al respecto, la empresa ha recordado en un comunicado que "Ribera Salud UTE era una Unión Temporal de Empresas donde Ribera Salud era un accionista minoritario", así como que "ya no existe desde 2003". Un año antes, "el Gobierno valenciano decide implantar un modelo integral de Atención Primaria y Especializada en el área de La Ribera y sacar un nuevo concurso en toda la Comunitat".
En este contexto, ha subrayado que "en La Ribera funcionaba el modelo de concesión administrativa desde 1999 solo para la gestión del Hospital (de Alzira) y no podía quedarse al margen de este cambio integral". Por ello, según Ribera Salud, se resolvió el contrato inicial por mutuo acuerdo para sacar un nuevo concurso que incorporara la gestión de la Atención Primaria y que "Alzira no quedara fuera de ese nuevo modelo".
Ribera Salud ha explicado que "para resolver la concesión de mutuo acuerdo, había que incluir un pago al concesionario por la inversión no amortizada a esa fecha, más el lucro cesante por no poderse cumplir el plan presentado al concurso por la empresa para los diez años de concesión previstos inicialmente". En consecuencia, "se hizo una auditoría por parte de la Generalitat, que está documentado y cuenta con todo el respaldo legal".
"La auditoría, tal y como puede comprobarse en la documentación oficial, fija en 69 millones de euros el importe del abono a realizar al concesionario, pero nunca se produjo salida alguna de fondos públicos por parte de la Generalitat", ha recalcado, como tampoco "se produjo ningún pago porque el pliego de condiciones del nuevo concurso incluía, como obligación del nuevo concesionario, pagar una aportación inicial de 72 millones de euros".
El nuevo concurso, ha detallado la compañía, fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas Ribera Salud II UTE, en la que Ribera Salud era un accionista minoritario, "porque no se presentó ninguna otra empresa debido seguramente a la complejidad del proyecto u otros motivos que desconocemos".
En definitiva, Ribera Salud ha insistido en que "no solo no se produjo nunca ningún pago a la concesionaria, sino que por esta operación la Generalitat obtuvo tres millones de euros porque el canon que fijó en el nuevo concurso superaba la indemnización fijada en el rescate". Se trata de una explicación que la firma ofrece "desde hace 17 años, hasta con anuncios de publicidad".
"Toda esta información está respaldada por la documentación oficial correspondiente y cuenta con todo el respaldo legal. Nos sorprende que 17 años después sea denunciado por un partido político que pertenece a un gobierno que tiene acceso a toda esta documentación en su Conselleria de Sanitat", ha aseverado, para garantizar que no va a "permitir que una vez más se difame y se ataque gratuitamente a su honor y profesionalidad con fines electoralistas".
