La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elx, inició ayer el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación de las basuras de Orihuela, la primera de las piezas separadas del caso Brugal que será juzgada, y por la que Fiscalía solicita penas de 37 años de cárcel para el empresario adjudicatario del servicio, Ángel Fenoll; 12 años para el exalcalde popular José Manuel Medina y ocho años para la exprimera edil, también del PP, Mónica Lorente.

El juicio empezó a las 10.43 horas, con 43 minutos de retraso. Como estaba previsto, todos los acusados renunciaron a la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía y la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Orihuela. Por su parte, la defensa del empresario Ángel Fenoll pidió la nulidad de las escuchas telefónicas por «haberse vulnerado derechos fundamentales». Señaló que estos pinchazos telefónicos «carecen de motivación» ya que en un principio se autorizaron en torno a las basuras de Orihuela, pero muy pronto se convirtieron «en ver lo que caía en el saco de la investigación».

Para este letrado, se cayó en «rastreos preventivos» que no están amparados por la ley puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir, ya que los pinchazos y sus prórrogas se motivaron en el «cajón de sastre» que engloba la «corrupción política» pero sin citar delitos concretos, como pueden ser el cohecho, prevaricación o malversación. «Eran escuchas que se iban retroalimentando», lo cual, ha señalado citando diversa jurisprudencia, resulta «desproporcionado».

Además, manifestó que se suma el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción, durante 36 meses desde la primavera de 2007 y 2010, lo cual tampoco ve justificado y cree que ha perjudicado a su defendido.

Por su parte, la defensa del ex alcalde Medina también pidió la invalidación de las escuchas y aseguró que en el escrito de acusación del fiscal aparecen hechos que no han sido investigados y, por tanto, no se le podría acusar.

Según aclararon fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la celebración de la vista se puede prolongar hasta finales de este año. El inicio del juicio estaba previsto el 19 de febrero, pero la sala lo suspendió hasta este martes puesto que las partes renunciaron a la lectura de los escritos de acusación y de defensa para «agilizar» el inicio del mismo, puesto que consideraron «innecesaria» la lectura de tantos documentos.

En la causa se han investigado supuestas irregularidades en la tramitación y adjudicación del servicio de basuras de Orihuela. Es una de las causas derivadas del caso Brugal, cuya instrucción se cerró en octubre de 2014 tras siete años de investigación judicial. La Fiscalía Anticorrupción acusa, en un escrito de 148 páginas, a 34 personas, entre ellas, exediles del consistorio oriolano. El fiscal considera que Mónica Lorente cometió fraude y prevaricación (por el que pide inhabilitación para todos ellos) y Medina, además, cohecho.