06 de marzo de 2019
06.03.2019
Colegios Profesionales

Unión Profesional aplaude la reforma que sanciona la omisión de colegiación

La reforma de la ley prevé sanciones de hasta 150.000 euros por parte del Consell a quien no se inscriba en la entidad a la que esté obligado

06.03.2019 | 16:08
La presidenta de Unión Profesional, Auxiliadora Borja, y la secretaria Angélica Gómez, valoran el cambio de ley.

Unión Profesional de Valencia ha asegurado que la aprobación de una proposición de ley que modifica el artículo 21 de la Ley 6/1997 de Consejos y Colegios Profesionales, aprobada recientemente en Les Corts y que establece sanciones por la omisión de la obligación de la colegiación en las profesiones reguladas y garantiza la calidad de los servicios prestados a los ciudadanos.

La aprobación de la Ley 4/2019 supone "un paso positivo" para la actividad colegial y las garantías que desde los colegios se ofrecen a la sociedad de "la excelencia" de los colegiados, y es "un paso más" en la lucha contra el intrusismo, según ha manifestado en un comunicado.

Unión Profesional de Valencia, que representa a 40 colegios profesionales de la provincia con más de 90.000 colegiados, ha impulsado esta ley para poner en valor la labor de los colegios profesionales, que ha sido aprobada por unanimidad en Les Corts.

Por primera vez tipifica como falta muy grave la omisión de la colegiación para aquellas profesiones reguladas y legitima a la Generalitat Valenciana para sancionar a quienes teniendo la obligación de estar colegiados, omitan este deber.

La reciente reforma añade un apartado a la disposición final con el fin de sancionar económicamente aquellos supuestos en los que un profesional que tiene la obligación de estar colegiado para ejercer su profesión conforme a la ley estatal de colegios profesionales, incumpla este requisito.

Asimismo, la modificación también afecta a aquellos profesionales que, estando colegiados, sean suspendidos en el ejercicio de su profesión por haber infringido alguna norma, y pese a ello continúen ejerciendo sus funciones. La ley involucra no solo a los profesionales sino a las empresas y entes que los contraten. Las sanciones económicas previstas para cualquiera de los dos supuestos están entre los 5.001 y los 150.000 euros.

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