La confederación autonómica de asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampa) Gonzalo Anaya, mayoritaria en la escuela pública valenciana, exigió ayer a la Conselleria de Educación que aclare los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anula la disposición transitoria única de la orden del departamento del conseller Vicent Marzà que permitió implantar en septiembre de 2016 el horario de clase intensivo de 9 a 14 horas en 303 colegios. La sentencia, facilitada por el TSJ este pasado miércoles, se basa en que la urgencia con la que fue promulgada dicha disposición transitoria no está justificada.
Estos pioneros del horario intensivo son 257 colegios de Alicante, el 70 % de la red pública de esta provincia, 32 de València y 14 de Castelló. Tras tres cursos estos 303 colegios estaban obligados a volver a convocar este 2019 a los padres a las urnas. La conselleria, con el argumento de la actualización del nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF) de los colegios , emitió una circular en octubre que prorrogaba para el próximo curso 2019-20 la jornada intensiva en estas escuelas donde las familias aprobaron por una amplia mayoría (más de un 55 % de síes del total del censo de padres y madres) el cambio horario en la primera gran consulta que lanzó la conselleria en septiembre de 2016.
Evitar tensiones en año electoral
El nuevo ROF de los colegios públicos que va a aprobar Educación mantiene está prórroga con la que la conselleria evita abrir en año electoral un nuevo frente con el profesorado, que reclama insistentemente la jornada continua.
La Gonzalo Anaya advierte en un comunicado sobre los efectos para «las familias de las más de 300 escuelas afectadas» y solicita retirar del nuevo ROF la moratoria para los 303 colegios que cambiaron en 2016 a jornada continua, al entender que «omite la participación de las familias, tal y cómo establece la propia normativa de la conselleria, en la renovación del modelo de jornada, pues de acuerdo con estas normas cada tres años se tiene que volver a someter a la votación de las familias del centro para ratificar la continuidad del horario continuo o volver a la jornada partida».
En este contexto, la confederación ha pedido a Marzà, información sobre los efectos de la sentencia, aunque «de momento, Educación no ha dado detalles». Según esta entidad, la conselleria podría presentar un recurso ante el Tribunal Supremo, por lo que también ha solicitado una reunión con el director general de Política Educativa, Jaume Fullana.
