Eduardo Zaplana ataca de raíz el origen de la investigación del caso Erial que lo ha mantenido nueve meses en prisión y lo acusa de diez delitos relacionados con la corrupción. La defensa del expresidente de la Generalitat, que ejerce el abogado y exfiscal anticorrupción Daniel Campos, ha recurrido el auto del 20 de noviembre de 2015 con el que arrancó la macrocausa judicial que investiga al exministro y su círculo de confianza. Y que considera está basada en «la ilicitud de la incautación de los documentos» hallados en el despacho del abogado del yonki del dinero, Marcos Benavent, «no amparada por un auto de autorización judicial» y seguida por una «completa investigación prospectiva sin cobertura jurídica».

El letrado de Zaplana considera, por tanto, que «se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia» del expresidente de la Generalitat «al haberse incoado unas diligencias previas a partir de una ilícita actividad de investigación prospectiva y sobre la base de unos documentos obtenidos ilícitamente».

La bautizada como «hoja de ruta» del supuesto amaño de la adjudicación del Plan Eólico encontrada en el despacho del abogado de Marcos Benavent (a quien se lo dio un ciudadano sirio que vivió en la casa que ocupó Zaplana), según el abogado de Zaplana, no tenía nada que ver con la documentación del caso Imelsa o la empresa Berceo Mantenimientos, que era el objetivo del registro por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, autorizado el 29 de mayo de 2015. Un registro en el que no se constató en ningún acta «el hallazgo casual que obligara a ampliar la autorización de entrada y registro».

Tuvieron que pasar cinco meses y medio, destaca la defensa del exministro en su escrito, «para que la Guardia Civil presentara un oficio» al Juzgado de Instrucción 18, que investiga el caso Taula, en el que sí informaban del «hallazgo casual de documentos relevantes». Unos documentos que, a juicio de la defensa del también exministro portavoz, no revelaban la comisión de ningún delito (y tampoco aparecía citado Zaplana) por lo que el informe aportado por la Guardia Civil sobre la adjudicación del Plan Eólico y los movimientos de divisas a través de empresas luxemburguesas «responde todo a la tarea de 'cocina' realizada por la UCO durante casi seis meses», según el escrito de defensa presentado al juzgado del caso Erial.

Una hipótesis «que asume inopinadamente el Ministerio Fiscal» que construye «un relato imaginario basado en el informe de la UCO» y que dio lugar a que se creara una nueva causa que cayó, por turno de reparto, en el Juzgado de Instrucción 8. En lugar, defiende el letrado del exjefe del Consell, de «solicitar una nueva autorización al Juzgado de Instrucción 18 que legitimara la incautación del documento» o hallazgo casual.