La novena legislatura de la cámara valenciana, la primera en la que las fuerzas de izquierda han aglutinado la mayoría absoluta desde los años 90, ha entrado ya en la historia esta semana. Cuando la actividad legislativa regrese a partir del 16 de mayo con la constitución de la nueva cámara la composición será distinta.
Acaba un tiempo que se presentaba más proclive que los anteriores para avanzar en el desarrollo de leyes o iniciativas con un componente más identitario y valencianista, cuestiones a las que las anteriores mayorías del PP solían ser más refractarias.
Leyes como la de Comarcalización, la de Función Pública con la inclusión del requisito lingüístico al funcionariado; la que pretendía reducir o incluso vaciar las competencias de las diputaciones o la que buscaba solicitar una reforma puntual de la Constitución para que los valencianos pudieran legislar en derecho civil como otras autonómicas históricas se han quedado sin opciones en el parlamento valenciano.
Otras, como la reforma de la ley electoral valenciana y la rebaja del listón al 3% para el acceso a las Corts Valencianes tras las elecciones, también una reclamación histórica del valencianismo desde los tiempos en que la barrera del cinco por ciento se convirtió en infranqueable para el Bloc (el principal partido de Compromís) también quedan en el tintero.
La izquierda se defiende en que algunas de esas iniciativas requerían de mayoría cualificada que no ha sido posible alcanzar pero también es verdad que cuando se pudo hacer, como ocurrió en el primer tramo de legislatura, no hubo vigor suficiente.
Fue el tiempo en que Ciudadanos accedió, por ejemplo, a sumar sus votos a la izquierda para permitir la apertura de los medios de comunicación públicos, iniciativa que requería una mayoría de dos tercios y que ha permitido la puesta en marcha de À Punt. Sin embargo, el giro posterior de esta formación que elevó su hostilidad hacia el tripartito de izquierdas, impidió reformar la ley electoral.
Tal vez la apertura de À Punt es una de las pocas iniciativas con elementos identitarios que han visto la luz esta legislatura.
El mismo presidente de las Corts, Enric Morera, se ha quedado estos días en el intento y no ha podido aplicar como requisito el conocimiento del valenciano a una convocatoria de trabajadores de la cámara para forzar que tuvieran competencias suficientes en la lengua propia para atender al público que acude a la institución. Al final, el valenciano computa como mérito, pero no es requisito.
«Miedo a avanzar»
El partido que en principio sería más sensible a estas cuestiones, Compromís, e incluso el sector más valencianista del PSPV han preferido plegar velas en algunos momentos de la legislatura ante cuestiones espinosas porque entendían que no era el mejor momento, sobre todo en el último tramo de la legislatura con las derechas ya movilizadas desde su triunfo en Andalucía.
Hay voces en la cámara que consideran que en algunos momentos se ha tenido cierto miedo a avanzar en estas cuestiones y en Compromís también hay quien percibe que el discurso más valencianista y esencialista, el del Bloc, ha quedado desdibujado.
Precisamente, en estos últimos meses, con PP y Ciudadanos en dura pugna por denunciar adoctrinamiento en las aulas valencianas, pese a que los profesores son los mismos que en la época del PP, un sector de Compromís ha echado en falta más determinación para rebatir ese discurso, contra el que ha tenido que lidiar sobre todo el conseller de Educación, Vicent Marzà en las Corts, a quien tanto PP como Ciudadanos han dirigido la mayor parte de sus críticas.
Una de las normas que ha quedado arrinconada en las Corts es la de Comarcalización, que tuvo su momento en 2017 cuando Compromís intentó que por primera vez desde la aprobación del Estatut en 1982 la delimitación comarcal, ampliamente aceptada en todo el territorio, tuviera rango de ley como recoge el Estatut.
Compromís, y buena parte de los socialistas valencianos siempre han acusado a las provincias de ser elementos desvertebradores de la identidad valenciana por lo que esta legislatura era un buen momento para avanzar.
Sin embargo, la propuesta territorial fue mal aceptada en municipios que se verían afectados por cambios comarcales o de capitalidad, especialmente en l'Horta, y cuando los socialistas acusaron en privado a Compromís de crear un conflicto innecesario, la propuesta se guardó en un cajón. El día que la propuesta llegó al pleno fue retirada por falta de apoyos en espera de una ocasión más propicia que ya nunca se dio.
Como este, todos los intentos de abordar una ley de comarcalización han fracasado en la Comunitat Valenciana tras 37 años de vigencia del Estatut.
Tampoco la Ley de Función Pública, que recogía el requisito lingüístico para el funcionariado sin incluir el ámbito sanitario, ha salido adelante. De hecho, ni siquiera ha llegado a debatirse en las Corts, aunque el borrador estaba acordado. Tampoco las pretensiones de los partidos de izquierda de caminar hacia el vaciado de las diputaciones se han cumplido. Y a la petición de reforma de la Constitución para legislar en derecho civil le faltaron 24 horas. La disolución de las Corts impidió su aprobación tras años de trabajo.
