Estados Unidos afirmó ayer que la corrupción «fue un problema» en España en 2018 y «creó la impresión de impunidad» para los políticos implicados, además de citar la preocupación de algunos grupos sobre la libertad de expresión y el tratamiento a inmigrantes, sin pronunciarse al respecto.
El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado relativo a 2018 pone nombres valencianos a la corrupción. Destaca la condena en junio a políticos del PP en la Comunitat Valenciana, cuando la Audiencia Nacional condenó a 18 investigados, incluidos el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el cabecilla de la trama «Gürtel», Francisco Correa, por «un caso de financiación ilegal del partido».
Ambos nombres destacan junto al de Mariano Rajoy. «Aunque no estuvo directamente implicado, el entonces presidente Mariano Rajoy testificó en el juicio (...). Los lazos con la corrupción y las dudas en cuanto al testimonio de Rajoy llevaron a un voto de no confianza en el Congreso en junio, que culminó en la salida del poder del Gobierno de Rajoy», señalan.
Pese a todo, la evaluación estadounidense a España destaca que «no hubo informes de violaciones atroces de derechos humanos» y que el Gobierno español garantizó «en general» las libertades.
En su edición relativa a 2017, el documento indicaba que no existían «informes sobre la existencia de presos o detenidos políticos», pero este año sí refleja que algunos partidos catalanes «denunciaron» que algunos de los políticos detenidos -y ahora sujetos al juicio del procés- son «presos políticos».
«Ni el Gobierno ni ninguna organización no gubernamental de derechos humanos respaldaron esa alegación», señala el documento, que recuerda, sin embargo, que Amnistía Internacional (AI) ha denunciado «el uso de la prisión preventiva».
Además, toma nota -sin pronunciarse- de la polémica por las devoluciones inmediatas de inmigrantes y de la denuncia del Defensor del Pueblo por «superpoblación» en los centros temporales en Melilla y Ceuta.
