14 de marzo de 2019
14.03.2019
Reparación

Medio millón para asumir 25 años después los gastos del caso Ardystil

La Generalitat tramita también por decreto ley el pago de las costas judiciales a las víctimas del síndrome

13.03.2019 | 23:29
Ximo Puig, en el centro, se reunió ayer con algunos de los afectados del caso Ardystil.

La Generalitat tiene previsto aprobar, previsiblemente mañana, un decreto ley dotado con 500.000 euros para asumir los gastos judiciales a los que tuvieron que hacer frente los afectados del llamado caso Ardystil: seis personas murieron en 1992 por el uso de productos químicos utilizados en varias empresas de estampación textil de las localidades alicantinas de Alcoi, Cocentaina y Muro de Alcoi. Otras 60 padecieron enfermedades como neumonía, hiperreactividad bronquial o fibrosis pulmonar.

El jefe del Consell, Ximo Puig, se reunió ayer en el Palau con afectados. Algunos de estos explicaron después que existía un acuerdo con el Gobierno valenciano (entonces en manos del PP) para hacerse cargo de los citados gastos. Sin embargo, nunca ha sido llevado a la práctica con el argumento de la crisis y los recortes presupuestarios.

Puig mostró ayer su apoyo a los afectados y expresó la disposición de la Generalitat para reparar su dolor porque «se trata de que esta institución ofrezca el tratamiento que se merecen quienes han sufrido mucho».

Según explicaron fuentes de la Administración autonómica, el decreto ley, que deberá ser convalidado por la diputación permanente de las Corts, supondrá dar cumplimiento al acuerdo alcanzado por unanimidad en la comisión de Política Social y Empleo de las Corts en 1993, que decidió pagar las costas judiciales de los afectados.

Puig destacó en declaraciones recogidas por Europa Press que el encuentro de ayer forma parte «de la reparación histórica de un accidente laboral». Y reveló que ha pedido perdón por lo sucedido a las personas afectadas en nombre de la Generalitat.


«Camps no nos quiso recibir»

Consuelo Ragüés, que perdió a dos hijas que trabajaron en la empresa, explicó emocionada que con el encuentro «se va a reparar el mal que se ha hecho». «Hemos estado 20 años enviando cartas y (Francisco) Camps no nos quiso recibir. Ahora he visto voluntad. Creo que tengo el derecho de reclamar no para mí, sino para el grupo», subrayó.

Con lágrimas en los ojos dijo: «¿Cómo no me voy a acordar de ellas? [sobre las víctimas] Se sufrió mucho porque los médicos no nos daban seguridad».

Lola, otra afectada, explicó que empezó a trabajar con 15 años en una de estas empresas, «no había ventiladores, ni mascarillas», pero que debido a la edad que tenía no se esperaba lo que podía suceder.

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