Habrá reversión a manos públicas del servicio de resonancias que ahora está privatizado en una decena de hospitales valencianos y la Administración asumirá a los más de 100 trabajadores privados de la concesionaria, la UTE Erescanner.
La Conselleria de Sanidad puso ayer sobre la mesa oficialmente ambos compromisos frente a la dirección de la concesionaria y frente a los comités de empresa de los empleados afectados aunque, según ellos mismos apuntaban, el compromiso venía «sin fecha ni plazos» lo que ponía «en duda» el futuro de toda la operación teniendo en cuenta que quedan escasos 46 días hasta los comicios autonómicos y la operación no está aprobada.
Porque, como surgió en las reuniones celebradas ayer por la mañana, un cambio de gobierno en el Consell podría dar al traste con la reversión ya que, aunque aún falta un informe económico que la justifique-demandado por el Consell Jurídic Consultiu-, esta es una «decisión política». Es la primera vez que la Administración reconoce que quizá no se llegue a tiempo de cerrar el proceso antes de elecciones, situación que se daba por hecha hace solo unas semanas.
Rebajar la tensión
El compromiso trasladado a empresas y trabajadores buscaba rebajar la tensión después del fallido proceso de subrogación de los trabajadores de Eresa (que lidera la UTE Erescanner) tras el final del contrato en el Hospital General de València y la vuelta del servicio a manos públicas gracias a los equipos de resonancia donados por Amancio Ortega.
En el proceso del H. General también se aseguró que iba a haber subrogación del personal e incluso quedó aprobó por el consorcio hospitalario. La decisión se revocó al entender la dirección que no había sucesión de empresas al no quedarse con las máquinas, situación que sí se da en el contrato de Erescanner, que también ha expirado ya.
Los primeros siete trabajadores de Eresa del Hospital General han dejado ya de trabajar y ahora debe ser un juzgado quien determine si el consorcio debía haberles o no subrogado. Los próximos dejarán su puesto de trabajo en unos 80 días, fecha de inicio de desmontaje del segundo equipo.
Tampoco se aportaron certezas en estas reuniones sobre de qué manera se incorporará a la plantilla pública a los trabajadores de la UTE, unos 111: si con la figura jurídica utilizada en su día en la reversión de Alzira, personal laboral a extinguir, o a través de una empresa pública tal como apuntaba el último informe del Consell Jurídic Consultiu.
Desde el comité de empresa de Eresa, además de criticar la falta de certezas sobre la reversión a mes y medio de las elecciones, volvieron a hacer un llamamiento a los responsables de Sanidad para que mediaran en el conflicto del Hospital General y evitar así que todos los trabajadores queden en la calle.
