El Tribunal de Cuentas ha ordenado finalmente la subasta de los bienes inmuebles de los altos cargos de la Generalitat condenados en firme por el Supremo por el Generalitatcaso Cooperación. La resolución final, fechada el 22 de febrero, llega casi tres años después de que el organismo acordara la ejecución provisional de la sentencia, que cifra en 1,6 millones (elevados hasta 2,7 millones por intereses y costas) el perjuicio causado a las arcas públicas por el exconseller Rafael Blasco y sus colaboradores, según la primera pieza juzgada del caso.
La última decisión del Tribunal de Cuentas se produce solo unos días después del último movimiento de Blasco, que el 11 de febrero solicitó permiso para vender la joya de la corona de sus posesiones: la finca familiar en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira), de acuerdo con la documentación a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La Generalitat respondió que no se oponía a esta petición, siempre que antes se realizara una tasación por parte de la Agencia Tributaria.
Era una forma de contrastar la cifra que el exconseller y sus abogados planteaban para la hacienda: 410.000 euros para una parcela de naranjos de 38.384 metros cuadrados con tres casas independientes en su interior. El lugar tiene un peso simbólico en la historia reciente valenciana porque ha sido punto de reuniones políticas y culturales cuando el matrimonio entre Rafael Blasco y Consuelo Císcar (exdirectora del IVAM y también bajo investigación ahora) estaba en la cresta de la ola.
La última diligencia del Tribunal de Cuentas paraliza la petición de venta del exportavoz del PP. El órgano deja la subasta en manos del Consejo General de los Procuradores de España, con el que mantiene un convenio para la ejecución de estos procedimientos.
Blasco, que se encuentra en tercer grado penitenciario desde finales del mes de enero, pedía vender o ejecutar ya el embargo de los bienes para mejorar su situación. «La paralización del cumplimiento de la sentencia le provoca concretos perjuicios en en su situación procesal penal y penitenciaria», afirmaban los abogados en un escrito firmado días antes de que empezara a gozar del tercer grado.
Argumentaban que resulta «extremadamente complejo» que prospere el acuerdo con la Fiscalía mientras no se materializara «la disposición efectiva de los bienes» del condenado. Este pacto, según la defensa del exconseller, incluía la «voluntad» de este de vender su propiedad en la Barraca d'Aigües Vives para hacer frente a su responsabilidad y reparar el daño causado.
Los letrados añaden como motivo, además, la situación de «insolvencia económica absoluta» de Blasco, sobre el que pesa el embargo de parte de su pensión. Con todo, los 410.000 euros de la finca familiar de Blasco no cubren ni de lejos los 2,7 millones que el Tribunal de Cuentas estimó como perjuicio causado a las arcas públicas por los cargos que saquearon los fondos del Tercer Mundo. Ni siquiera sumando los bienes del resto de culpables. De ahí, las prevenciones de la Generalitat sobre el acuerdo del condenado con el Ministerio Público. Y más, teniendo en cuenta que quedan dos juicios pendientes.
