Tiene 46 años, se llama Xavier Uceda y es profesor de Servicios Sociales y Política Social en la Universitat de València. Le apasiona la docencia. Y se nota. En agosto de 2016 recibió una llamada de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, para que se incorporara a su equipo. Quería que ayudara al Consell en el diseño de políticas sociales. «Pero, ¿en qué sentido?». Fue su pregunta. «Hacia el concepto del derecho subjetivo, de derechos y de dignificación». Fue la respuesta. Dicho y hecho. La nueva ley ya ha sido aprobada en las Corts. Uceda se confiesa «enamorado de los servicios sociales» y desgrana la nueva norma con la satisfacción del trabajo bien hecho.
P ¿Cómo le explicaría al vecino de aquí al lado qué es y qué supone la nueva Ley de Servicios Sociales?
R Ufff.
P Es para traducir lo que implica una ley que queda en abstracto... Para que lo entienda cualquiera, aunque no sea usuario.
R Sí, pero vamos a empezar con una negación a la mayor. Todos somos usuarios de los servicios sociales y de sanidad, ¿verdad? Aunque no vayamos al médico. Pues lo mismo. La clave va a ser en qué nivel los vamos a necesitar y en qué momento. Ya no hablamos de servicios sociales pensados para grupos de población con muchas carencias y graves dificultades. Son para todos, en un sistema centrado en la persona.
P Ya, pero el imaginario colectivo sitúa a los servicios sociales al lado de la pobreza...
R Cierto, pero no. Los servicios sociales están llamados a ser en un futuro esos grandes o pequeños departamentos de la Administración centrados en la resolución de los conflictos cotidianos. El imaginario es el de un centro pequeño y burocrático para llevar papeles, y gestionar el banco de alimentos. Pero quien vaya a un centro de atención temprana, a un club de convivencia... también es un usuario. Pero, ¿por qué se conocen los servicios sociales?
P Como un servicio a los pobres: «necesito alimentos, no puedo pagar la luz...»
R Efectivamente. La clave es que la ciudadanía conozca que son muchas cosas. Y la gente no conoce la realidad por dos motivos: porque no se les ha dotado de dignidad y porque el anterior gobierno le había quitado identidad al sistema. Lo había parcializado, privatizado y mercantilizado. Ahora todo va a estar rotulado como «Sistema Público de Servivios Sociales». Cuando uno entre a un club de convivencia o a un centro de mayores a hacer yoga, pues estará usando los servicios sociales. Como otra persona los estará utilizando para la Renta Valenciana de Inclusión. Cada uno los utilizaremos para una serie de cuestiones diferentes. Y habrá quien los use para todo.
P Y como usuario que ya está hoy en el sistema, ¿en qué va a notar cambios? Vamos a concretar alguna medida.
R Le damos un cambio al sistema brutal, pero ya llevamos tiempo trabajando en esa dirección. Hemos potenciado las plantillas, la nueva Renta Valenciana de Inclusión, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley LGTBI, el aumento en el presupuesto de 1.500 millones. La ley lo que hace es recoger parte de los cambios que ya estamos haciendo vía presupuesto, vía impulso político y ahora lo vamos a normativizar. Es decir, que lo que era impulso político ahora ya es ley y ya no se podrá dar un paso atrás. Cuando llegó el Botànic había un profesional por cada 12.000 habitantes, ahora hemos pasado a un profesional por cada 2.500 por impulso político y presupuestario. Con la ley vamos a pasar a un profesional por 1.900 habitantes. Normativizado. Y eso quiere decir que el siguiente que venga, o tendrá que incumplir la norma y por lo tanto ir al TSJ o a los juzgados, o esa es la ratio. Puede mejorarla, pero no ir para atrás. Por lo tanto, las personas ya estamos notando los cambios, pero además se ha aprobado una ley de futuro, que intenta planificar el sistema para los próximos 15 o 20 años. Esta es la clave. Si uno se va a la parte de calendario de la normativa, vemos que se irán cambiando las estructuras.
P La nueva ley convierte a la Comunitat Valenciana en la primera autonomía que blinda los servicios sociales. ¿Qué supone declararlos de interés general?
R Supone que la Generalitat puede planificar y coordinar a las diputaciones y ayuntamientos hacia algo fundamental: la equidad. No puede ser que yo por vivir en Sueca tenga todos los servicios y por residir diez pueblos más lejos no tenga ninguno. Declararlos de interés general significa que la Generalitat tiene la competencia de planificar, de estructurar los servicios y de igualar. Nos permite evitar la duplicidad: una competencia, una administración.
P ¿No era así?
R Pues no. A ver, un vecino de Alicante que busca plaza en una residencia se podía encontrar una residencia pública de la Generalitat, una pública del ayuntamiento y una pública de la diputación. Cada una con sus criterios de admisión. Y tenía que presentar tres solicitudes. Nosotros decimos, no. Todas forman parte del mismo sistema, así que mismas reglas y mismos procedimientos.
P Explique lo de una competencia, una Administración. ¿Quién se va a encargar de qué?
R La atención primaria -centros de día, puntos de encuentro, centro mujer 24 horas, atención ambulatoria, centro de atención temprana, es decir, aquellos sitios donde la persona va- para los ayuntamientos; la atención secundaria, lo residencial, le toca a la Generalitat y, por lo tanto, vamos a hablar sobre cómo vamos a hacer el proceso de transferencia. A las diputaciones les hemos asignado atribuciones, dentro de la ley de régimen local, porque tienen que ayudar, apostar e implementar las políticas sociales en los municipios pequeños. Un sistema mal organizado y estructurado siempre se defenderá atribuyendo la responsabilidad a la persona, y eso no puede ser.
P Si ahora las personas están en el centro del sistema, ¿dónde estaban antes?
R Las personas, con el sistema anterior, no eran personas, eran expedientes. El cambio que ha impulsado Mónica Oltra es valiente y brutal. Pero ojo, que nada es de hoy para mañana porque estamos moviendo todas las piezas. Estamos trabajando en el plan estratégico -qué recursos tenemos y dónde los tenemos es algo que no se actualiza desde 1990-; en el plan de infraestructuras -hace 20 años que en esta comunidad no se construye una infraestructura pública de servicios sociales-; en el nuevo sistema de información -clave en el tratamiento de datos para tener un expediente único y una herramienta común-; en el decreto del contrato programa -para que los ayuntamientos hagan una radiografía de sus necesidades y el Consell financie así programas específícos a 4 años-; en el de registro, autorización y acreditación porque, a partir de ahora, todos los centros públicos y privados deberán cumplir unos mínimos. Son cambios, decretos, de columna vertebral que modifican la estructura del sistema.
P Cualquier ley sin personal se queda en el cajón. ¿Cómo se van a implementar las plantillas?
R Cuando llegó este Gobierno, la Generalitat financiaba a 353 profesionales en la atención primaria (ayuntamientos) en toda la Comunitat Valenciana. Esto no quiere decir que hubiera consistorios que, con recursos propios, le pagaran a más profesionales. Nosotros, ahora, ya estamos financiando 1.785 profesionales, con esas plantillas que se han incrementado y han multiplicado por cinco al personal. Y con el desarrollo de la ley, con la memoria económica ya autorizada por Hacienda, estaremos en 3.552 profesionales de plantilla básica. De 353 pasaremos a 3.552. Un 906 % más. Multiplicamos por diez. Luego tenemos que calcular el personal de la específica (centros) y de la residencial. Cuando llegó el Botànic, la Comunitat Valenciana invertía 100 euros por habitante en servicios sociales. Ahora estamos en 319 euros por habitante, que es la media en España. Este esfuerzo presupuestario de pasar de 896 millones a 1.531 nos ha servido para llegar a la media. Y en los próximos años tenemos que aumentar para recuperar lo que no se ha hecho en los últimos 20 años e ir paliando todos los desequilibrios que tenemos.
P La ley se ha aprobado en tiempo de descuento y si se ha criticado en algo a esta norma ha sido por las prisas para que saliera adelante.
R No asumimos las críticas y explico el porqué: hemos trabajado la emergencia (expedientes bloqueados de la dependencia, por ejemplo), luego la urgencia (renta valenciana de inclusión) y después hemos diseñado el nuevo modelo. Pero si tú diseñas el nuevo modelo desde la emergencia igual acabas diseñando hospitales de campaña. El anterior Gobierno nos dejó un modelo de servicios sociales donde la Comunitat Valenciana era la última de todo el Estado, sin cultura organizativa, sin cultura pedagógica, con profesionales quemados, sin un mapa de lo que había... Y cuando hicimos la fotografía nos dimos cuenta de que era la peor de todas las fotos que habíamos hecho. E iniciamos un proceso participativo para pasar del 'qué hay de lo mío' al 'qué hay de lo nuestro'.
P El PP anunció que llevaría la ley al Tribunal Constitucional y no sería la primera vez. ¿Temen que se paralice su planificación?
R Espero que sean responsables y no lo hagan porque el PP reconoce (y está grabado) que es una ley necesaria, que están de acuerdo en la mayoría de los planteamientos. Por responsabilidad no deberían hacerlo porque esta es una ley de cohesión social, un cambio de modelo necesario.
