El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, insta a Bruselas a que «vigile y obligue a la transposición de toda la normativa y el cumplimiento milimetrado en España de la normativa europea» para garantizar el caudal suficiente del Tajo.
García-Page, acompañado de una representación del Gobierno regional, presentaba ayer martes al comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, el informe de evaluación del grado de conservación de la ribera y los hábitats del río Tajo a su paso por Castilla-La Mancha.
«Hemos venido (a Bruselas) a decir lo que siempre hemos dicho de manera coherente con la Constitución, las leyes españolas y las leyes europeas aprobadas por España para defender nuestro agua, el agua de todos los españoles y por tanto también de Castilla-La Mancha», señalaba.
García-Page apuntó que lo que sufre el Tajo con el trasvase es «un atropello ambiental» y que a los castellanomanchegos se les «agota la paciencia», por lo que «la próxima legislatura va a ser determinante».
«No hay más tiempo que perder», añadió el presidente castellanomanchego, quien se mostró a favor de un «diálogo» después de las elecciones con otras comunidades autónomas, como la valenciana, y con el Gobierno de España «para buscar alternativas».
«Creo que la posición no puede ser más firme y más sensata al mismo tiempo. Otros en España estarían dando patadas, dándose golpes de pecho y estarían sacando banderas», añadió. Asimismo, el presidente autonómico se mostró «muy satisfecho» por la sentencia del Tribunal Supremo que anula parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar los caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.
«La verdad es que estamos muy contentos, que te den la razón los tribunales es siempre trascendente, pero que sea después de una lucha tan sostenida en el tiempo, a veces tan solitaria, y a veces aguantando tantos insultos de insolidaridad o de acusaciones falsas es especialmente gratificante», afirmó.
El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, mientras, pedía «prudencia» a su homólogo castellano-manchego y los posibles cambios que se puedan efectuar sobre el miso tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo.
Preguntado por la posibilidad de que el gobierno manchego anule el trasvase, Puig considera necesario «actuar con enorme prudencia» y de acuerdo a la ley, porque, «en estos momentos no hay ningún elemento que diga que el trasvase ha de cerrarse». «Inventar guerras artificiales sobre el agua es el mal camino, y defenderemos los intereses de los valencianos desde la razón, no desde el enfrentamiento estéril», agregaba Puig.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, incidía por su parte en que «todo el PP está de acuerdo» en la necesidad de alcanzar un «pacto nacional» por el agua, asegurando que lo planteará a «otras fuerzas políticas» tras la «negativa» del PSOE a debatir sobre este asunto en el Congreso.
Casado realizaba estas declaraciones en València. «Como en tantas cosas, somos los únicos que nos mojamos -señalaba-, que hacemos propuestas en serio como suprimir el impuesto de sucesiones, de patrimonio, de actos jurídicos documentados o el pacto nacional por el agua. Todo el PP está de acuerdo, incluyendo el de Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha».
