La controvertida iniciativa legislativa para proteger la maternidad anunciada por el presidente del PP, Pablo Casado, se inspira en buena medida en la ley que hace diez años aprobó el Consell presidido por Francisco Camps y que el Botànic derogó en 2017.
La norma valenciana no escapó de la polémica y fue duramente criticada desde la izquierda, que la tildó de «paternalista» y «retrógada» al entender que el objetivo era presionar a las mujeres más vulnerables para que no abortaran.
La ley, auspicida por el entonces vicepresidente del Consell, Juan Cotino, cabeza visible del sector católico, incluía medidas para disuadir a las mujeres de que interrumpieran su embarazo con alternativas tales como la adopción o la acogida.
La ley, de las primeras en el ámbito autonómico, no mencionaba el aborto, si bien la iniciativa surgió como una respuesta del Gobierno valenciano de Camps a la propuesta del entonces Gobierno de Zapatero de flexibilizar la ley del aborto. La ley permitió crear una red de voluntariados formada por asociaciones sin ánimo de lucro con marcado carácter conservador», que recibieron ayudas de hasta 300.000 euros en 2010 y 2011, según la información proporcionada en su momento por la comisión de Igualdad de las Corts.
El PP de Casado ha planteado estos días una ley de apoyo a la maternidad para, al igual que la valenciana, dar ayudas a las mujeres gestantes, sobre todo las más vulnerables, para que lleven a término su embarazo. La filosofía de ambas normas es la misma.
La valenciana hablaba de garantizar los derechos de la mujer gestante a ser apoyada socialmente en su decisión de dar a luz, así como el derecho a la vida en formación desde la concepción. De hecho, una de las novedades de esa ley es que daba derechos al embrión, de tal manera que la mujer embarazada era considerada, a efectos de ayudas públicas, como si ya fuera madre y hubiera dado a luz.
Casado, que también quiere derogar la actual ley del aborto y volver a la de 1985, se ha visto obligado a rectificar después de que trascendiera que su proyecto legislativo incluía la opción de retrasar la expulsión de inmigrantes sin papeles embarazadas si estas daban el hijo o la hija en adopción. Tras la polémica generada, los populares han negado que esta medida estuviera planteada.
La ley valenciana derogada no llegaba a estos extremos, si bien había un apartado específico sobre adopciones. Así, en la exposición de motivos se subrayaba « la responsabilidad de madres y padres, y, si es el caso, el derecho de los hijos a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando este sea imposible, y la consiguiente promoción del acogimiento y la adopción como alternativas eficaces y reales para permitir a la mujer gestante seguir adelante con el embarazo». De hecho, en uno de sus artículos, el Consell se comprometía a agilizar los trámites en los expedientes de menores.
Sobre las inmigrantes, el Consell se comprometía a garantizarles apoyo institucional aunque no estuvieran en situación irregular. Bonig ha criticado en numerosas ocasiones que el Botànic derogara la ley y ha prometido recuperarla si es presidenta.
