La sentencia del 11 de marzo del Tribunal Supremo «en ningún caso habla de cierre o vulneración» del trasvase Tajo-Segura. El presidente Ximo Puig fue contundente ayer al descartar cualquier consecuencia directa sobre el agua que reciben los regantes valencianos. «No hay una ruptura», dijo, si no que la sentencia consolida la solidaridad porque «afianza los usos por encima de las pretensiones territoriales».
En este sentido, y tras las declaraciones del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, que llamaba a Bruselas a supervisar la aplicación de la sentencia y de la normativa europea, según Puig la Comunitat Valenciana lo respeta, pero la Generalitat no hará política de confrontación con el agua.
«No he hablado con García-Page, cada uno tiene sus intereses pero el enfrentamiento no es adecuado», señaló, y recordó que se lleva más de un año sin recibir agua del trasvase.
La sentencia obliga a anular algunos de los artículos del Plan Hidrológico del Tajo que tendrán que reformularse. En concreto, son los relativos al caudal a su paso por Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, donde el Alto tribunal resuelve que no se cumple con el caudal ecológico, menor del que en estos momentos se traspasa.
Puig mantuvo ayer una reunión con la consellera de Agricultura, Elena Cebrián, técnicos de la conselleria y la Abogacía de la Generalitat. Son los más interesados en cumplir con la sostenibilidad y la sentencia abre una ventana para legislar mejor el sistema de cesión del agua. «Si no hay un río vivo, seremos los más perjudicados porque somos los que más lejos estamos», señala Puig.
Anunció que crearán una «célula» para vigilar de forma permanente la negociación que reformule los artículos anulados para que no afecte a los intereses valencianos. El presidente descartó que la corrección de los caudales vaya a repercutir a los regantes de la provincia de Alicante dado que la sentencia habla de «adaptar» el trasvase al caudal.
El equipo que formará la Generalitat estará vigilante de la correcta aplicación de una sentencia que el Consell no ve perjudicial para la Comunitat Valenciana, pero que puede ser interpretada de manera incorrecta según los intereses de cada comunidad y en la «traslación política» de la resolución judicial . «En el corazón de la sentencia no hay un sentimiento antitrasvasista», indicó el Jefe del Consell.
Mientras, la presidenta del PP, Isabel Bonig, solicitó para hoy una reunión de la Diputación permanente de las Corts para que todos los partidos aprueben garantizar la permanencia de un trasvase «fundamental» del Tajo-Segura.
El presidente del partido, Pablo Casado, también defendió el pacto nacional por el agua en su visita el martes a València. También lo hizo ayer Toni Cantó, pero un pacto que pase de las políticas de escasez a las de eficiencia. El trasvase es «irrenunciable» hasta que no haya una solución «técnica», dijo Cantó, y criticó que sean los jueces quien dan solución a problemas que los gobiernos autonómicos meten «debajo de la alfombra».
