Se veía venir pero es la primera vez que la máxima representante de la Conselleria de Sanidad lo verbaliza así, tan a las claras: «se intentará hasta el último minuto» pero va a ser «complicado» cumplir la promesa del president de la Generalitat.
El ejercicio de «honestidad» lo hizo ayer por la tarde la consellera Ana Barceló ante los representantes de la junta de personal del departamento de salud de la Marina, que representa al medio millar de trabajadores del área privatizada que son funcionarios de la sanidad valenciana (estatutarios) y no empleados de la UTE Marina Salud.
Según la presidenta de la junta de personal, Maika Rosa, del sindicato de Enfermería Satse, la reunión había sido «muy clarificadora» pese a que las noticias transmitidas por Barceló y el subsecretario de Sanidad, Juan Ángel Poyatos, no eran las más halagüeñas.
«No van a dejar de intentarlo pero reconocen que el tiempo se les echa encima. Ha sido una ruenión muy honesta que agradecemos», resumía Ros.
El obstáculo, según se trasladó en la cita, es el retraso en cerrar las liquidaciones del área de salud, el balance anual de deudas pendientes por diferentes conceptos de la conselleria a la empresa gestora y viceversa.
Desde que el área se puso en marcha, hace 10 años, no se había cerrado ninguna de estas liquidaciones como advirtió en su día la consellera Carmen Montón y, ahora, no se va a llegar a tiempo de tener el cálculo completo sobre la mesa ya que solo se dispone de las cuentas cerradas a 2016.
Las liquidaciones son necesarias para poder cuantificar exactamente el valor de la unión temporal de empresas y poder negociar cuánto supondría la salida de DKV y Ribera Salud de la gestión de la Marina.
Cabe recordar que la última reunión a tres bandas (Sanidad y las dos empresas concesionarias) se anuló después de que DKV declinase sentarse a la mesa con la administración sin una oferta en firme.
Una empresa pública
Según trasladó Ros tras la reunión, la Administración apuesta «como solución intermedia» para realizar la reversión, la creación de una empresa pública, a través de la que se adquirirían las acciones de la UTE y se contrataría al personal laboral. Esta opción, más acorde legalmente para abordar una reversión sin que haya terminado el contrato, supondría dejar de lado subrogar al personal como se hizo en Alzira, a través de la cuestionada figura del personal laboral a extinguir.
Si en este mes no se completa la operación, quedará en manos del próximo gobierno retomar o no las conversaciones con la concesionaria.
